Nuestros pequeños temas olvidados.
Nuestros pequeños temas olvidados.
Miguel Carbonell.
No cabe duda que el debate público en México está por los
suelos. Perdemos muchísimo tiempo en discutir sobre dimes y diretes, sobre lo
que escribió fulanita en su Facebook o sutanito en un artículo perdido de un
blog, pero esquivamos los grandes temas que deberían guiar nuestras
preocupaciones como sociedad.
Mientras en otros países hay una importante discusión sobre
el cambio climático, nuestra gerontocracia política (tan anclada en el
pensamiento de los años 70 del siglo pasado) solamente tiene en su cabeza el
tema del petróleo y las refinerías. Las aportaciones medioambientales de México
se remontan a lo realizado hace décadas. En las discusiones recientes sobre la
protección del medio ambiente, nuestro país cuenta más bien poco o nada.
Lo mismo sucede con el tema del desarrollo tecnológico.
Mientras que en muchas ciudades del mundo ya se usan los programas de
inteligencia artificial para mejorar las condiciones del tránsito de vehículos,
para ahorrar luz o para detectar fugas de agua y gas, en las nuestras los
alcaldes siguen siendo políticos de quinto nivel, cuya mayor preocupación es
amañar licitaciones, meter en la nómina a parientes y amantes y exprimir en
beneficio propio el presupuesto que administran. La calidad de los servicios
públicos que prestan los municipios (desde la provisión de agua potable hasta
la recogida de basuras, pasando por el mantenimiento de las calles o la
regulación del uso de suelo), deja mucho que desear, pero nadie parece estar
discutiendo las opciones para mejorar en ese ámbito tan olvidado. De hecho, el
bastante probable que la mayoría de ciudadanos ni siquiera conozca el nombre de
su alcalde o presidente municipal. Parece que son figuras irrelevantes, pero su
tarea gubernativa es fundamental para construir un país mejor.
Ya ni hablemos del tema educativo, en el que llevamos
décadas estancados y no hay perspectiva alguna de mejora. Es muchísimo lo que
podríamos hacer en materia educativa para ofrecerles un futuro mejor a nuestros
niños y jóvenes, pero el debate nacional se centra en si se pueden o no heredar
las plazas magisteriales, si se debe o no de evaluar a los maestros o si las
universidades deben admitir a todo el que quiera entrar sin aplicarles examen y
sin importar las calificaciones que tengan.
Es increíble el nivel de subdesarrollo en el que nos hemos
instalado. No he visto todavía discusiones sustantivas sobre el uso que se le
debe dar a las nuevas tecnologías dentro del aula, sobre como formar a los
alumnos con espíritu emprendedor, sobre como mejorar los (escasos) hábitos de
lectura de los jóvenes, sobre cómo prepararlos para un mercado laboral
competitivo, sobre como ofrecerles herramientas que les permitan tener éxito en
la vida, ser buenos ciudadanos y ser útiles para su comunidad. Nada de eso lo
estamos discutiendo, a pesar de ser lo más relevante.
Otro tema en el que el debate público brilla por su ausencia
es en cuestiones de justicia. Quienes somos abogados podríamos contar miles de
anécdotas sobre las violaciones cotidianas que suceden en México a los derechos
de las personas. Sabemos bien que debemos mejorar la formación de nuestros
policías, la forma de trabajo de los Ministerios Públicos, la supervisión de la
manera en la que dictan sentencias nuestros jueces, la calidad ética de
nuestros abogados, pero nada de eso parece estar en la agenda. Por el
contrario, cuando se propone algún cambio para sancionar a los “malos
abogados”, salen en tropel los colegios y barras a defender el status quo, para
seguir manteniendo los privilegios de quienes hacen un mal uso del sistema de
justicia. Hay millones de personas agraviadas por un sistema de justicia que no
atiende a las víctimas ni las respeta, que fomenta la impunidad hasta niveles
insostenibles, que encarcela inocentes y permite la corrupción en muchos
ámbitos, pero las barras de abogados se preocupan de que no se sancione a los
tramposos. De ese ínfimo nivel es nuestra discusión pública.
El debate en materia de justicia no puede limitarse al tema de la amnistía.
Es un buen primer paso, pero discutamos también y con urgencia la manera de
mejorar el funcionamiento institucional de juzgados, tribunales y fiscalías.
Con una tasa de impunidad (según datos del INEGI) del 99%, parece un tanto
iluso o hasta cínico poner como la primera prioridad el eximir de
responsabilidades a quienes ya están presos. No es que no se deba hacer. Claro
que hay que reparar injusticias y proteger siempre a los inocentes, pero la
discusión debe ser mucho más de fondo y abarcar temas de mayor complejidad.
Pero esa mayor complejidad de las discusiones es algo que parece estar lejos
del alcance de nuestra iletrada clase política. Estamos fritos.
