En defensa del amparo.
En defensa del amparo.
Miguel Carbonell.
A
los gobiernos autoritarios no les gusta que los ciudadanos defiendan los
derechos que les reconocen las constituciones y los tratados internacionales.
Por el contrario, disfrutan cuando todos sus actos son acatados sin rechistar,
de forma silenciosa y sumisa, preferentemente.
Sin
embargo, en un régimen político que pretenda ser democrático hay que aceptar
como algo del todo lógico la existencia de un vasto pluralismo ideológico. No
puede ni debe haber unanimidad de pensamiento, ni aceptación a ciegas de las
propuestas de los gobernantes.
Me
parece, considerando lo anterior, un profundo desacierto que se critique el
hecho de que algunas personas recurran al juicio de amparo para intentar frenar
ciertas decisiones u obras gubernamentales.
De hecho, ni siquiera entiendo de
qué se sorprenden tales funcionarios: el juicio de amparo fue inventado hace
más de 150 años por personajes tan insignes como Crescencio Rejón, Mariano
Otero o Ignacio Vallarta precisamente para que las personas nos podamos
defender de los abusos del poder.
Y en
esto no hay que ser ingenuos, ni tragarnos cuentos infantiles: no hay poderes
buenos, todos los poderes deben estar sometidos a límites y vínculos, en
ausencia de los cuales se pueden cometer (y se han cometido) innumerables
abusos. Lo dijo ya el gran Montesquieu hace siglos: “Es una experiencia eterna
que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, yendo hasta donde encuentra
límites. Es preciso que, por disposición de las cosas, el poder frene al
poder”. Los poderes tienen que estar limitados siempre, sin importar que tengan
su origen en la voluntad popular expresada en las urnas y sin que un amplio
apoyo electoral elimine la posibilidades de tales controles.
Hoy
en día la Constitución mexicana prevé justamente al juicio de amparo como el
medio idóneo que podemos utilizar para pedirle al Poder Judicial de la
Federación que analice si los actos de autoridad (e incluso, en ciertos casos,
los actos de particulares) son o no conforme a derecho. ¿Qué hay de malo en
eso?
Más
bien lo que parece sospechoso es escuchar las pretensiones de quienes gobiernan
al intentar impedir que los ciudadanos no se atrevan siquiera a cuestionarlos.
“Por favor no nos molesten, nosotros somos diferentes a todo lo que ha existido
a lo largo de la historia de la humanidad y no necesitamos (ni soportamos) ser
controlados por nadie, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia”, parece ser
el pobre argumento que se nos presenta desde las instancias gubernamentales.
Lamentable, desde cualquier punto de vista. ¿Se imaginan que lo hubiera dicho
un Presidente emanado del PRI? Hubiera sido escandaloso. Lo es todavía más
cuando se le escucha decir a alguien que se presenta como un abanderado de la
democracia.
No
debe nadie confundirse: no puede haber democracia sin que los poderes públicos
estén controlados y sin que los ciudadanos fiscalicen de manera permanente y
con todas las herramientas a su alcance, lo que se hace en el ejercicio de
tales poderes. Sobre esa base se ha construido la racionalidad política de
países que están entre los más avanzados del mundo, desde Inglaterra con el
famoso recurso de “habeas corpus” hasta Estados Unidos con el control de
constitucionalidad de las leyes, pasando por Francia cuando “inventa” el juicio
contencioso-administrativo o España con el no menos relevante “recurso de
casación”. ¿Será que en México los abusos de los poderes públicos ya se
desterraron? ¿No será mejor, incluso en el interés de los propios gobernantes,
apreciar como algo positivo el hecho de que exista una instancia independiente,
encargada de la revisión de sus actos, que pueda advertirles cuando están
tomando decisiones sin fundamento jurídico? Estoy seguro que cualquier demócrata
estará de acuerdo en que los equilibrios son siempre necesarios y que sin ellos
el riesgo de regresiones está a la orden del día.
Por tanto, no debemos tenerle miedo a que los ciudadanos, de manera
individual o a través de grupos, organizaciones, cámaras, barras y colegios,
planteen todos los recursos judiciales que quieran. Están en su derecho de
hacerlo. Ya serán los jueces los que tendrán que decidir si les asiste o no la
razón, y al resto de nosotros nos corresponderá a su vez analizar, comentar y
en su caso criticar esas decisiones judiciales, como lo hemos hecho sin
descanso muchos de nosotros durante décadas.
