Cómo mejorar la abogacía en México.
Cómo mejorar la abogacía en México
Miguel Carbonell.
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.
Imagine el lector que, en el transcurso de un proceso judicial, el abogado de una de las partes deja vencer a propósito un plazo procesal para interponer un recurso, o le “vende” información sensible a la parte contraria. O sencillamente abandona sus tareas de defensa y produce un resultado pésimo para los intereses de sus clientes. ¿Debería ser sancionado por ello?
La respuesta es evidente: desde luego que sí. Pero si ese abogado trabaja en México es bastante poco probable que sea castigado por su actuación negligente. La rendición de cuentas, en el sector de la abogacía es algo que todavía no se ha logrado.
Durante la campaña electoral del año pasado y a lo largo de los primeros meses del gobierno del Presidente López Obrador el discurso en contra de la corrupción ha sido una constante. Muchos millones de mexicanos decidieron apoyarlo por sus promesas para limpiar las áreas opacas del Estado mexicano. Muchos de los actos de corrupción que tanto daño le han causado al país involucran, de una u otra forma, a profesionales del derecho, respecto de los cuales no hay ninguna propuesta gubernamental para generar un desempeño ético y apegado a la legalidad. Parece que al gobierno federal le está costando trabajo pasar de los discursos de campaña a las acciones institucionales específicas en materia de lucha contra la corrupción.
La idea del Presidente de “dar a conocer” los nombres de los abogados y bufetes que han planteado juicios de amparo contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía es del todo inefectiva, además de que –como atinadamente lo ha señalado la Barra Mexicana, Colegio de Abogados- supone un riesgo para la separación de poderes, la autonomía de los abogados y la protección de los datos personales de los quejosos. Yo no he participado en ninguna de las más de 140 demandas de amparo que ya se han presentado en el tema aeroportuario o respecto a la construcción de la Refinería de Dos Bocas, pero si lo hubiera hecho me sentiría orgulloso de ello. No me importaría que la opinión pública conociera mi actuación, pues el juicio de amparo es un instrumento de defensa constitucional y de derechos humanos que mucho apreciamos los abogados mexicanos. Pero lo cierto es que no es nada adecuado que el Presidente se proponga una medida de escarnio público al ventilar en público los nombres de los quejosos (los cuales, desde luego, pueden ser consultados en las listas de acuerdos de los respectivos juzgados de Distrito, pero el mencionar sus nombres en una conferencia de prensa presidencial tiene un alcance completamente diverso).
La cuestión del desempeño profesional de los juristas es mucho más complicado que la mera exhibición de nombres por parte del Presidente y no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho fundamental a promover acciones judiciales contra alguno, algunos o todos los actos de los poderes públicos que se estime sean violatorios de derechos humanos.
Hay que avanzar hacia procesos de certificación profesional, que aseguren que la prestación de servicios jurídicos está respaldada por conocimientos actualizados. De hecho, el proceso de regulación legislativa de la reforma en materia educativa sería una magnífica oportunidad para generar esquemas de mayor exigencia, tal como ya existen para profesiones como la medicina o la contaduría.
Las personas que contraten los servicios de un abogado deben saber si en su contra se han presentado quejas por faltas en su desempeño profesional. También deben tener derecho a conocer si cuenta o no con un seguro por riesgos profesionales, que se aplique en casos de negligencia, tal como existe en muchos países. De la misma forma, quienes buscan asesoría jurídica deben saber si ese abogado al que piensan contratar ha firmado algún código de ética profesional, si pertenece o no a algún colegio de abogados reconocido, si ha cursado estudios de posgrado que lo mantengan actualizado, etcétera.
De tal forma, pues, que habría que crear un esquema que se moviera en dos planos: uno sancionador, para aquellos abogados que actúan mal y defraudan la confianza de sus clientes; y otro de incentivo, para reconocer y premiar a aquellos abogados (que son la enorme mayoría, por cierto) que hagan un esfuerzo por colegiarse, tengan conocimientos actualizados, observen escrupulosamente los estándares éticos y sean capaces de comunicar todas esas ventajas a sus clientes.
No neguemos lo evidente: el combate a la corrupción requiere de mejores abogados. La causa que abandera el Presidente no podrá avanzar si se plantea como una lucha contra los profesionales del derecho (a los que, injustamente, López Obrador ha llamado “leguleyos”). Por el contrario, es en los abogados donde podrá encontrar a sus mejores aliados, para denunciar y ayudar a procesar a quienes infringen la ley, dentro y fuera del gobierno o de la propia profesión jurídica.
Pero esos abogados deben tener los controles profesionales y éticos que hoy en día no tienen. Ese es el reto principal que hay que afrontar. Si las propuestas no vienen del gobierno, habrá que buscarlas en los centros de pensamiento académico o entre las barras y colegios de abogados. Nadie debe dudar de la importancia y de la urgencia de esa tarea, que además nos conviene a todos.
