Datos sobre los derechos humanos en México

Human Rights Watch es una ONG internacional que promueve y defiende los derechos humanos a través de la elaboración de informes, reportes y acciones en más de 90 países. Anualmente, publica información relevante sobre la situación de los derechos humanos, con la finalidad de que los gobiernos focalicen sus políticas públicas y esfuerzos para garantizar los derechos humanos de las personas. 

En el informe correspondiente a México, los datos son alarmantes: 

• Abusos militares e impunidad

Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares.

Una investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA) determinó que los fiscales de la justicia penal ordinaria habían iniciado 505 investigaciones entre 2012 y 2016 sobre delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados, pero sólo habían obtenido 16 condenas.

• Tortura

Según una encuesta realizada por el INEGI, a más de 64.000 personas que, en 2016, estaban encarceladas en 338 cárceles de todo el país, el 64 % de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada. El 19 % de estas personas indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 % haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 % haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 % manifestó haber sido amenazados con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares.

Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de 9.000 investigaciones sobre torturas. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen torturas son llevados ante la justicia.

En marzo de 2018, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado “fuertes elementos de convicción” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición, en 2014, de 43 estudiantes de Ayotzinapa. En mayo, un juez federal determinó que los agentes del Ministerio Público no habían investigado adecuadamente pruebas de torturas contra personas detenidas en este caso. Al menos 10 organismos gubernamentales presentaron apelaciones contra la sentencia que, al momento de redacción de este informe, no habían sido resueltas.

• Desapariciones forzadas

En octubre de 2018, el secretario de Gobernación anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desaparecidas desde 2006. Según la CNDH, más de 3.900 cuerpos han sido hallados en más de 1.300 fosas clandestinas desde 2007.

Habitualmente, agentes del Ministerio Público y policías no toman medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo les dicen a los familiares de personas cuyo paradero se desconoce que deben investigar por su cuenta. Desde 2013, la Procuraduría General de la República ha contado con una unidad especializada para la investigación y el procesamiento de desapariciones. Hasta agosto de 2018, había iniciado 1.255 investigaciones, pero solamente había presentado cargos en 11 casos. No informó sobre ninguna condena.

• Ataques contra periodistas

Un estudio de 2017 realizado por investigadores de la Universidad de Miami y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México mostró que casi el 70 % de los periodistas manifestaron haber recurrido a la autocensura por temor a su seguridad.

Según datos de la Procuraduría General de la República, 110 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre enero de 2000 y agosto de 2018. La CNDH acusó una cifra incluso mayor, al informar sobre 148 periodistas asesinados desde 2000 y 21 desaparecidos desde 2005. Se indicó en los medios de comunicación que ocho periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre de 2018.

La CNDH informó en 2016 que el 90 % de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes, incluyendo el 82 % de los asesinatos y el 100 % de las desapariciones. Desde su creación, en julio de 2010, la Fiscalía Especial federal ha iniciado más de 1.000 investigaciones sobre delitos contra periodistas. Hasta agosto de 2018, presentó cargos en 152 casos y obtuvo apenas siete condenas, de las cuales solo una fue por homicidio.

• Derechos de mujeres y niñas

De los 32 estados de México, 18 han establecido en su Constitución que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— cuando intentan obtener abortos tras sufrir violencia sexual. Según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016, México condenó a 98 mujeres por abortos.

En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a México a adoptar medidas para combatir la discriminación de la mujer —incluso en el lugar de trabajo— y prevenir la violencia de género y la trata de mujeres y niñas.

• Migrantes y solicitantes de asilo

Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la CNDH recibió más de 3.000 denuncias sobre abusos contra migrantes. Y un informe de WOLA del 2017, en el cual se citan estadísticas oficiales, indicó que hubo 5.294 denuncias de delitos contra migrantes en tan sólo cinco estados entre 2014 y 2016.

Según estadísticas oficiales, la cantidad de niños y niñas no acompañados procedentes de los países del Triángulo Norte-- —El Salvador, Guatemala y Honduras— que son aprehendidos fue sustancialmente menor en 2017 y 2018 en comparación con 2016. En los últimos años se han incrementado las tasas de otorgamiento de asilo a menores no acompañados de estos países. Aun así, menos del 1 % de quienes son aprehendidos cada año recibió protección internacional, una proporción muy inferior a la que probablemente necesita esa protección: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estimado que incluso la mitad de los niños y niñas no acompañados que llegan a México desde el Triángulo Norte tienen demandas de asilo plausibles que deberían ser debidamente analizadas.

• Orientación sexual e identidad de género

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en la Ciudad de México y otros 11 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un amparo judicial para poder contraer matrimonio. En 2015, la Suprema Corte dictaminó que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer resulta violatoria de la Constitución mexicana, lo cual implica que las sentencias que resuelvan dichos amparos deberían ser a favor de las parejas del mismo sexo. En septiembre de 2018, una pareja del mismo sexo en Michoacán pudo obtener un certificado de nacimiento para su hijo, en el cual ambas madres se incluían como progenitoras.

• Derechos de discapacidad

En sus observaciones finales sobre México de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.

No hubo avances en la implementación del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad en México.

• Actores internacionales clave

En octubre, México pasó por su tercer Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los estados abordaron varias preocupaciones, incluyendo la violencia contra las mujeres y poblaciones indígenas, la corrupción institucional, y el hostigamiento a medios de comunicación y defensores de derechos humanos. Recomendaron que el gobierno dedique más fondos a mecanismos designados para su protección.

En abril de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a México a mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, así como a implementar medidas para abordar la pobreza, la desigualdad y la discriminación. En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por los señalamientos de esterilización forzada de mujeres con discapacidad en México.

En septiembre de 2017, el Comité sobre los Trabajadores Migratorios de la ONU publicó un informe preliminar en el cual manifestó su preocupación por las “graves irregularidades” en la identificación de las víctimas y los responsables de los homicidios en masa de migrantes perpetrados entre 2010 y 2012 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. También instó al Estado a garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y a las autoridades mexicanas a detener a migrantes únicamente como “medida de último recurso”, a mejorar las condiciones de detención, y a “poner fin inmediato” a la detención de niños migrantes.

Desde 2007, Estados Unidos ha destinado casi USD 2.900 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida para colaborar con el país en la lucha contra la delincuencia organizada. En 2015, el secretario de Estado de los Estados Unidos retuvo USD 5 millones de los fondos de asistencia para seguridad, afirmando que el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con los requisitos sobre derechos humanos establecidos en el acuerdo. Sin embargo, al año siguiente México recibió el total de la asistencia de la Iniciativa Mérida. En 2018, el Congreso asignó asistencia en el marco de la Iniciativa Mérida por USD 145 millones.

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