La Constitución hipertrofiada.
La
Constitución hipertrofiada.
(Revista Nexos,
febrero de 2014)
En cada legislatura del Congreso
de la Unión, se presentan más de mil iniciativas de reforma constitucional. Tal
parece que todos los legisladores que llegan a ejercer el cargo quieren dejar su
huella en el texto constitucional mediante alguna reforma, pensando que de esa
forma pasarán a la historia y su nombre será recordado por generaciones y
generaciones de agradecidos mexicanos.
Dicha postura no solamente es
ingenua, sino también bastante perversa ya que a ella le debemos el resultado
de tener una de las Constituciones más reformadas del mundo y también una de
las más detallistas y prolijas.
La teoría constitucional nos
indica que una Constitución debe contener los principios básicos de la organización
del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas
que habitan en el territorio de un país. Nuestros legisladores, por lo visto,
no se han enterado de eso y le han añadido al texto constitucional cuestiones
tan poco esenciales como las siguientes: parques y jardines, drenaje y
alcantarillado, los rastros (es decir, los establecimientos en los que se
sacrifica al ganado para consumo humano), la cerveza y hasta el tradicional
aguamiel, conocido popularmente como pulque. Todo eso y muchas cosas más que se
podrían citar tienen en México rango constitucional, por ocurrencia de algún
legislador cuyo nombre ya nadie tiene presente, pero cuya osadía e ignorancia
nos heredó una Constitución marcadamente hipertrofiada.
Uno podría pensar que esos
despropósitos pertenecen al pasado y que quizá hayan sido producto de una clase
política iletrada, como la que gobernó México durante buena parte del siglo XX.
Pues no. Resulta que el “ensanchamiento” constitucional prosigue y no parece
arrojar signos de agotamiento alguno. Por el contrario: las últimas reformas
constitucionales han continuado añadiendo temas completamente ajenos a lo que
debería ser un texto fundamental.
Por ejemplo, la reforma en
materia de telecomunicaciones publicada en junio de 2013 añadió un largo
listado de requisitos para poder ser nombrado como integrante de los órganos
reguladores en la materia. Y uno se pregunta si eso no debería de estar en una
ley y no en la Carta Magna. ¿Se imagina el lector que la Constitución Española
de 1978 enunciara los requisitos para formar parte de la Agencia de Protección
de Datos de ese país o que la legendaria Constitución de los Estados Unidos
hiciera lo mismo para el caso de la Federal
Communications Commision?
Un caso parecido sucede con la
reforma energética, que como lo ha señalado Diego Valadés contiene 6,900
palabras, de las cuales más de 6,000 están en los más de 20 artículos
transitorios del decreto respectivo, que detallan hasta un nivel absurdo
cuestiones relacionadas con los tipos de contrato que pueden existir y la forma
en que se va a pagar a los particulares que participen en el sector energético
mexicano.
Faltan 3 años para que la
Constitución llegue a ser centenaria. Creo que se trata de una oportunidad
fabulosa para que entre todos nos preguntemos sobre el tipo de Constitución que
queremos y sobre el papel que necesitamos que juegue en el presente y el futuro
del país.
Una Constitución que todo el
tiempo se está reformando y que contiene una regulación minuciosa y detallada
de un sinfín de temas genera más problemas que soluciones, ya que por un lado
dificulta a los ciudadanos su conocimiento (uno tiene que comprar un nuevo
ejemplar de la Constitución cada mes y medio, si quiere mantenerse más o menos
al día), y por otra parte hace muy compleja la interpretación judicial, ya que
los operadores de nuestro sistema jurídico no pueden orientarse a partir de
grandes principios, sino que tienen que acatar órdenes minúsculas que en no
pocas ocasiones ni siquiera están bien redactadas.
¿Qué hacer ante este contexto tan
poco alentador? Hay dos escenarios que no solamente veo como posibles, sino que
creo que son los más deseables. Una vez que se han aprobado muchas de las
reformas estructurales, podría decretarse de facto una moratoria en materia de
cambios constitucionales para que se le diera a la Constitución un respiro
hasta febrero de 2017. Podríamos aprovechar este periodo de tres años para
estudiar a fondo el texto vigente y sacarle todo el provecho que puede arrojar,
mientras pensamos sobre lo que queremos en términos constitucionales una vez
que lleguemos a esa fecha.
El segundo escenario es más
complicado políticamente, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarlo: si
las continuas reformas pudieran hacernos suponer que el contenido de la
Constitución por una u otra causa no nos sirve, no nos resulta funcional o
simplemente no nos agrada, quizá sea tiempo de ir vislumbrando una opción de
reemplazo radical de sus contenidos a través de la convocatoria a un congreso constituyente.
Muchos países de América Latina han realizado ejercicios semejantes en las
décadas recientes y el resultado ha sido en su mayor parte alentador. ¿No es
mejor repensar en su conjunto el contenido que queremos que tenga la
Constitución en vez de seguir por la senda de los pequeños cambios casi
semanales con que nuestros legisladores siguen moldeando sus normas?
En
todo caso, lo que nadie debe dudar es que no hay alternativa alguna a la forma
del Estado constitucional de derecho que hemos adoptado en México. La
Constitución, corta o larga, general o detallista, llegó a la historia del país
para quedarse. Quizá ese solo motivo ya valga la pena celebrarse.
