Pendientes legislativos del nuevo gobierno.
Pendientes legislativos del nuevo gobierno.
Miguel Carbonell.
Si partimos de la idea de que la principal prioridad de un
gobierno debe ser cumplir con la Constitución, el sexenio que arranca este 1 de
diciembre debería considerar dos temas de gran relevancia:
1) Realizar
la reforma pendiente del procedimiento laboral; recordemos que el 24 de febrero
de 2017 se publicó la reforma constitucional en materia laboral. El artículo
transitorio segundo del decreto otorgaba un plazo de un año para la emisión de
las nuevas reglas procesales, tanto por parte de las entidades federativas
(adecuaciones por ejemplo a sus leyes orgánicas del poder judicial) como del
Congreso de la Unión. Debe hacerse dicha adecuación a la brevedad posible.
Los
temas clave de la reforma del procedimiento laboral son al menos tres:
-Desaparición
de las juntas de conciliación y arbitraje; creación de tribunales laborales a
nivel federal y local.
-Organismo
descentralizado federal encargado de la mediación obligatoria, del registro de
contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales (incluyendo
todos los procedimientos administrativos relacionados).
-Centros
de Conciliación, especializados e imparciales, en las entidades federativas.
2) Expedir
el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También en este tema
vale la pena recordar que el 15 de septiembre de 2017 se publicó una reforma
constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un código único
en materia de procedimiento civil y familiar.
El artículo transitorio cuarto del decreto prevé que la
legislación única debe ser expedida en el plazo de 180 días, contados a partir
de la entrada en vigor. Dicho plazo está vencido desde el 15 de marzo.
Adicionalmente, sería oportuno considerar dos temas jurídicos
que estimo son de gran relevancia:
1) Trabajar
en la redacción y expedición del Código Nacional Penal, sobre la base de los
avances logrados recientemente gracias al liderazgo intelectual y académico del
INACIPE; y
2) Reformar
la Ley de Amparo para hacerla del todo compatible con el nuevo sistema penal
acusatorio, tal como lo han sugerido diversos juristas e incluso Ministros de
la Suprema Corte. Nuestro juicio de amparo todavía puede mejorar bastante,
luego de los primeros cinco años de aplicación de la ley que lo regula desde el
2013.
