Los abogados ausentes.
Los abogados ausentes.
Miguel Carbonell.
Me
consta que en los equipos de AMLO, Anaya y Meade hay muchos abogados y que
algunos de ellos son de los mejores del país. Es sabido, también, que están los
suficientemente cerca de los candidatos como para poder influir en sus
propuestas y en las plataformas de campaña de sus respectivas coaliciones
partidistas. Es más, tanto Meade como Anaya son abogados ellos mismos.
Y
sin embargo, de manera un tanto sorpresiva, hasta el momento han estado
ausentes del discurso de los candidatos las propuestas en torno al mejoramiento
de la profesión jurídica y más en general sobre el Estado de derecho.
Tal
parece que todo se reduce a una mágica fórmula según la cual basta con que un
candidato llegue a ocupar la silla principal de Los Pinos (o de Palacio
Nacional, según sea el caso) y con eso se logren arreglar los problemas del
país.
Creo
que esa visión simplona y voluntarista se va a topar con la dura pared de la
realidad a partir del 1 de diciembre y uno de los temas que lo van a poner en
evidencia es el del Estado de derecho. Los más grandes problemas de los dos
últimos sexenios se han producido precisamente en ese terreno y vaya que les
trajo dolores de cabeza a los Presidentes Calderón y Peña Nieto.
El
abanico de problemas del país es muy grande, pero la mayor parte de ellos se
entrecruzan con cuestiones de abierta ilegalidad, falta de aplicación de las
normas jurídicas, corrupción estructural, falta de presencia territorial del
Estado, escasa capacidad de reacción, nulo u obsoleto equipamiento de policías
y ministerios públicos y un larguísimo etcétera.
Por
otro lado, en un lugar muy cercano a esa problemática está el hecho de que los
abogados que juegan el papel de aplicadores de las normas (desde la función
judicial o siendo defensores, desde las notarías o como fiscales, desde la
asesoría a los congresos hasta el auxilio jurídico para las empresas), no
siempre están preparados para hacer lo que se espera que hagan. Son muchos los
diagnósticos que apuntan hacia la necesidad de revisar la manera en que se
forman, capacitan, actualizan y ejercen su profesión los abogados, pues sin
ellos no hay ni puede haber Estado de derecho.
Pese
a la relevancia que debería tener la abogacía para poder comenzar a resolver
los problemas del país, no se ha escuchado a ningún candidato decir algo sobre
la colegiación o la certificación de los abogados. Tampoco se les han escuchado
propuestas de fondo para mejorar la impartición de justicia: no sabemos qué
piensan o qué diagnóstico tienen de los consejos de la judicatura, del
funcionamiento de los tribunales federales o de los requerimientos
presupuestales que van a derivar de la nueva justicia en materia laboral cuya
creación está pendiente.
De
la misma forma, no sabemos qué piensan hacer con las fiscalías del país y
particularmente con el organismo que funcionará una vez que desaparezca la
Procuraduría General de la República (PGR). Algo han dicho sobre la necesidad
de que su titular tenga autonomía y que no sea nombrado un “cuate” del
Presidente en turno, pero eso no arregla mucho. Hace falta entrarle en serio a
la falta de capacidades institucionales y la casi nula eficacia en el combate
al crimen, sobre todo cuando se trata de delitos con cierto grado de
sofisticación (como delitos financieros y fiscales, en los que casi no tenemos
sentencias condenatorias en todo el país).
Es
normal que los discursos de campaña se refieran a los temas que pueden atraer
un mayor número de votos (como el combate a la pobreza, el crecimiento
económico o el aumento de los salarios), pero no debemos ser tan ingenuos para
creer que de esa forma se puede sacar adelante al país. Necesitamos ir de lleno
a los detalles, exigir diagnósticos rigurosos, que nos muestren propuestas viables
y que se hagan cargo del tamaño de los problemas. Hay entidades federativas
enteras (incluyendo muchos municipios) en donde no gobiernan las autoridades
formales, sino el crimen organizado. Ese desafío no se va a resolver
repartiendo abrazos, sino imponiendo la fuerza del Estado con base en la
legalidad.
Y
para ello se requieren abogados bien preparados, listos para servir al país y
asegurar que, sin importar quién llegue al gobierno, la legalidad sea la
estrategia fundamental que nos guíe como país. Espero que no sea mucho pedir.
