La amnistía, tomada en serio.
La amnistía, tomada en serio.
Miguel Carbonell.
@MiguelCarbonell
Una
de las propuestas que mayor polémica ha suscitado en lo que llevamos de las
campañas electorales para la Presidencia de la República es la que hizo el
candidato López Obrador sobre la necesidad de procurar una amnistía a quienes
han sido sentenciados por haber cometido ciertos delitos.
La
idea ha generado reacciones a favor y en contra, al grado de que varios de los
juristas que están en el equipo de AMLO han tenido que salir a aclarar el
alcance de la propuesta, como lo hizo de manera extraordinariamente clara la
Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
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Debe
aclararse quizá que la amnistía es diferente al indulto. Mediante un indulto se
perdona a una persona que ha sido condenada, para efecto de que no cumpla con
la sanción que le fue impuesta. Es de carácter individual y no extingue la
responsabilidad penal (la persona indultada sigue siendo considerada como
culpable), sino que solamente impide el cumplimiento de la pena. La amnistía
por el contrario es de carácter general (se determina por mandato de ley) y
puede beneficiar a un grupo de personas, las cuales no son consideradas como
responsables de haber cometido un delito.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado ciertos límites al uso de
leyes de amnistía para perdonar delitos cometidos desde el poder público, sobre
todo cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos. Ese sería un
dique a la propuesta de AMLO: no podría usarse una ley de amnistía para
perdonar a violadores de derechos humanos (recordemos que México tiene dos
casos ante la Corte Interamericana por violaciones graves a los derechos
humanos, en San Salvador Atenco y en el marco de la guerra contra el
narcotráfico en el Estado de Chihuahua).
La
idea de perdonar a ciertas personas que han sido apresadas por delitos
relativamente menores (como por ejemplo a campesinos que enfrentan un proceso
penal por sembrar marihuana), puede ser interesante si nos obliga a voltear a
ver el uso indiscriminado y autoritario que durante años se ha hecho del
sistema penal. En México el derecho penal ha servido para castigar sobre todo
la pobreza.
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Nuestras
cárceles están llenas de personas pobres, que con frecuencia no han tenido
buena asistencia jurídica y que están ahí por haber cometido delitos que en
otros países ni siquiera ameritarían un proceso de carácter penal. Ojalá que
con la propuesta de AMLO podamos voltear a ver a esas personas y nos preguntemos
con seriedad si encarcelarlos es la mejor respuesta que como sociedad podemos
ofrecerles.
Ahora
bien, la propuesta de la amnistía no sería adecuada –desde mi punto de vista-
si se usa para perdonar actos de corrupción, abusos policiacos (tortura, desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales) o delitos cometidos desde el poder
público.
La
idea de que el Estado perdone a quienes han cometido un delito no es nueva en
México. De hecho ya existe y se ha aplicado masivamente en los años recientes. Si
consideramos que solamente se castiga uno de cada 100 delitos cometidos, lo que
tenemos como resultado es una amnistía “de facto”, la cual alcanza también y
sobre todo a los delitos cometido al amparo del poder: cientos o acaso miles de
funcionarios públicos de todos los niveles que han cometido graves delitos de
corrupción, siguen en absoluta libertad y disfrutando de cuentas bancarias y
bienes inmuebles de lujo en el extranjero. A ellos tal parece que ya les
aplicaron una amnistía, aunque sea de forma velada y sin que lo haya sabido la
ciudadanía.
Lo
que deberíamos hacer es tomarnos en serio la propuesta de AMLO, no para generar
como resultado que nuestro sistema penal sea todavía menos eficiente de lo que
ya es, ni para aumentar la enorme impunidad que lo caracteriza, sino para
volver a pensar qué conductas debemos castigar y a quienes debemos enviar a la
cárcel.
Es
obvio que el sistema penal mexicano está en una profunda crisis (desde la
prevención del delito hasta el delicado tema de las cárceles, tenemos mucho por
mejorar en cada una de sus áreas), de forma que todo lo que podamos hacer para
mejorarlo debe ser analizado con seriedad y serenidad.
Ojalá
que junto a la propuesta de la amnistía los candidatos nos digan también qué
piensan hacer para que nuestra policía sea más eficiente, para que los
ministerios públicos hagan mejor su trabajo, para que no haya corrupción
judicial y para que nuestras cárceles funcionen como se debe. Eso haría más
creíbles sus propuestas sobre la cuestión penal y el perdón a los delincuentes.
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