La construcción del Estado de derecho.
La construcción del
Estado de derecho.
Miguel Carbonell.
@MiguelCarbonell
Hay
evidencia de sobra para pensar que la clase política mexicana tiene una idea
bastante simplona (o cínica, tal vez) sobre lo que debe hacer en materia de
Estado de derecho. Con frecuencia nuestros legisladores nos informan del número
de iniciativas presentadas, de todos los dictámenes que han hecho e incluso de
–algunas- reformas publicadas en el Diario Oficial.
Pero
de lo que nadie habla es de la forma en que el Estado de derecho está
funcionando en la práctica. Pero eso es justamente lo más relevante para la
vida de los ciudadanos. ¿Para qué queremos que se presenten iniciativas y se
hagan reformas si estarán destinadas a servir como meros productos decorativos,
mientras el escenario real de nuestras vidas sigue sin mejorar en nada?
Se
olvidan nuestros políticos que, como ya lo sabían los pensadores de la
Ilustración hace 400 años, es el trabajo de las personas lo que permite
alcanzar la justicia, no la promulgación de leyes.
Lo
anterior viene a cuento no solamente por la injustificable ausencia de los
nombramientos en la Fiscalía General de la República, la Fiscalía
Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos Electorales, los Magistrados
Anticorrupción federales y lo que se acumule esta semana, sino por el absoluto
abandono en el que se encuentran muchas de las reformas importantes que se han impulsado
en los años recientes.
A
nuestros políticos les gusta hacer reformas para lucirse y salir en la foto,
pero ya no les agrada tanto trabajar en serio para hacerlas realidad.
Así
por ejemplo, nadie parece estarle dando seguimiento a la muy relevante reforma
del procedimiento penal mexicano, que trajo consigo a los llamados “juicios
orales”. Nadie se ha molestado en decirnos si la reforma se está aplicando bien
o mal, si los Ministerios Públicos y los abogados están haciendo bien su
trabajo, si los jueces verdaderamente están cumpliendo con sus tareas y si la
justicia penal logra o no sus objetivos de castigar a quienes cometen delitos y
proteger a quienes son víctimas de la delincuencia.
Mientras
la impunidad sigue estando en un escandaloso 99% respecto al total de los
delitos cometidos, no tenemos datos que nos orienten, no hay liderazgos que
sigan capacitando a los actores de la reforma, no hay un esfuerzo coordinado
para mejorar lo que haya que mejorar (que sin duda es mucho, al tenor de lo que
se puede observar en salas de audiencia y en ese mundo completamente abandonado
que son los reclusorios).
Otro
ejemplo lo encontramos en la igualmente importante reforma constitucional en
materia de derechos humanos, que fue promulgada en junio de 2011. En ese
momento fue considerada un gran avance y fue aplaudida unánimemente por la
comunidad jurídica, pero de ahí no pasó. Al margen de algunas decisiones
importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es bastante poco lo
que se ha hecho para hacer realidad esa reforma constitucional. De hecho, las
comisiones de derechos humanos han sufrido un deterioro histórico en los años
recientes (valga como ejemplo la práctica desaparición de la Comisión de
Derechos Humanos de la CDMX, que lleva varios años en el limbo de la
irrelevancia absoluta).
Todavía
hay varias leyes indispensables para hacer realidad la reforma en materia de
derechos humanos que ni siquiera han sido expedidas. Y eso que ya han pasado 6
años desde su promulgación.
Los
ejemplos podrían multiplicarse. Pero lo relevante es llamar la atención sobre
la distancia que existe entre el discurso sobre el Estado de derecho y la
ausencia de un compromiso claro para hacerlo realidad. El gremio de los
abogados podría aportar mucho, si los colegios profesionales dejaran de
organizar torneos de golf y comidas en restaurantes elegantes para sus
agremiados, y en vez de eso se dedicaran a denunciar las tremendas deficiencias
que vivimos en materia de Estado de derecho.
El
90% de los colegios de abogados del país son perfectamente inútiles. Ni
siquiera se encargan de capacitar bien a sus miembros y mucho menos se les ven
agallas para denunciar la corrupción y la negligencia de las autoridades.
Todo
eso nos deja un panorama desolador, del que solamente podremos salir reclamando
una y otra vez por todo lo que debe hacerse y no se hace. La peor opción es
callarnos. Alzar la voz es, sin embargo, lo que debe hacer una ciudadanía
consciente del problema y atenta a la defensa de sus derechos.
