Reformas sobre las rodillas
Reformas sobre las rodillas.
Miguel Carbonell
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.
Justamente cuatro días antes del sismo del 19 de septiembre
se publicó una importantísima reforma constitucional, por medio de la que se
faculta al Congreso de la Unión a dictar un código único (aplicable a toda la
República) en materia de procedimientos civiles y familiares.
No es exagerado suponer que el impacto de dicha legislación
cambiará de manera radical la forma en la que trabajan los abogados mexicanos,
así como el destino de millones de personas que enfrentan problemas ante los
tribunales del país.
Cabe sin embargo advertir que en un artículo transitorio del
decreto de dicha reforma constitucional, se otorga al Congreso de la Unión un
plazo de únicamente tres meses para tener listo el código único. Se trata de un
plazo extremadamente breve, que permite augurar que el código se va a redactar,
discutir y aprobar sobre las rodillas.
La práctica de legislar “al vapor”, al “cuarto para las
doce”, en el “último momento” e incluso deteniendo el reloj legislativo no es
algo extraño en la historia parlamentaria del país. Pero sus resultados son
funestos. Tenemos leyes muy mal redactadas, que en vez de contribuir a la solución
de los problemas, ayudan a crearlos o a agravarlos dada la forma en la que
fueron escritas. Ojalá no pase eso con el futuro código nacional de
procedimientos civiles y familiares.
No malo es que nadie sabe quién se va a encargar de preparar
el proyecto, nadie está pensando en organizar foros de discusión para que los
especialistas ofrezcan sus puntos de vista, nadie sabe sobre qué base de
derecho comparado se debe aprobar el proyecto y así por el estilo. El tiempo
pasa y estamos a ciegas.
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Derechos Humanos. Mira.
Y lo mismo puede decirse de otra reforma de gran
trascendencia, como lo es la reforma al procedimiento laboral, que afectará
potencialmente a millones de trabajadores y patrones. En el caso de la reforma
del procedimiento laboral, se trata –entre otros aspectos- de desaparecer a las
actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar a paso a la creación de
verdaderos tribunales laborales cuyas reglas de funcionamiento deberán estar
listas para febrero del 2018.
Esos nuevos juzgados y tribunales en materia laboral van a necesitar
de presupuesto para poder trabajar, se les deberá proveer de recursos
materiales (oficinas, muebles, computadoras, teléfonos, etcétera) y de recursos
humanos, pero a la fecha ni siquiera se conoce el proyecto de reformas a la ley
federal del trabajo o –si fuera el caso- de un nuevo código nacional de
procedimientos laborales. Es increíble que en una materia tan estratégica para
el desarrollo económico del país y para atraer inversiones extranjeras, todo se
esté dejando para el último minuto.
Y a todo lo anterior hay que añadir la mala noticia de que
los correspondientes proyectos de reforma legal deberán tramitarse en un
Congreso de la Unión que tendrá a muchos legisladores novatos sentados en sus
curules. Ya docenas de diputados y senadores han solicitado licencia para
dedicarse a las precampañas electorales o han anunciado su intención de
abandonar el cargo para el que fueron electos, dado su deseo de seguir viviendo
del presupuesto público a partir del próximo periodo electoral. Se les conoce
como los “legisladores chapulines” ya que brincan de un cargo a otro sin cesar.
Recordemos que en el caso de la importante reforma del
procedimiento penal, el periodo de puesta en funcionamiento fue de ocho años,
en una materia que representa el 13% de todos los procedimientos judiciales del
país. Y cuando finalmente llegamos a la fecha indicada (en junio de 2016)
todavía teníamos muchas cosas pendientes de realizar. Ahora bien, los
procedimientos en materia familiar suponen el 36% de todos los procedimientos judiciales
que se desahogan ante nuestros jueces y tribunales y la materia civil abarca un
30% adicional. Es decir, estamos hablando de una reforma que tiene un potencial
de impacto cinco veces superior al de la reforma penal, pero en la que sin
embargo nos dimos siete años menos para prepararnos.
Ojalá que las barras de abogados, las escuelas y facultades
de derecho, las cámaras empresariales y hasta las asociaciones vecinales, eleven
la voz y el nivel de exigencia hacia nuestros legisladores, para que se discuta
con amplitud y de forma pública sobre el contenido de ambas reformas. Que no
diga nadie después que no advertimos sobre la necesidad de evitar legislaciones
hechas al vapor y de último minuto.
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con los mejores. Mira.
