Fotomultas inconstitucionales
Fotomultas inconstitucionales.
Miguel Carbonell
Uno de los mejores jueces federales del país, Fernando Silva
García, emitió hace unos mesesuna sentencia de amparo en la que
declaró la inconstitucionalidad del sistema de cobro de las llamadas “fotomultas”.
Se trata de un temas de gran relevancia, que acaba de llegar a la Suprema Corte. El desenlace que el tema pueda tener ante el Máximo Tribunal de la República debería ser del interés de todas las personas que conducen
vehículos automotores en las distintas ciudades en las que ya se utiliza ese
sistema sancionador.
Cabe aclarar que, a diferencia de lo que publicaron algunos
medios de comunicación, la sentencia no declaró la inconstitucionalidad del
sistema de fotomultas como tal, sino de la forma en que son aplicadas y
cobradas. En concreto, el juez Silva estima que al generarse la obligación de
pagar la multa sin que el ciudadano sea escuchado por la autoridad, se viola la
garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, ya que se genera lo que
la Constitución llama un “acto privativo” sin respetar el debido proceso legal.
Por la misma razón, el juez Silva también estima que se viola
la “presunción de inocencia” que le asiste a toda persona que sea sancionada
por las autoridades administrativas. No nos pueden tratar como si fuéramos
culpables sin habernos dado la oportunidad de defendernos.
Como era de esperarse, la sentencia ha generado numerosos
comentarios, a favor y en contra. A mi juicio, se trata de un fallo impecable.
De hecho, uno desearía ver más sentencias de este tipo en el Poder Judicial de
la Federación.
El juez Silva, además de proteger la garantía de audiencia y
la presunción de inocencia, menciona lo preocupante y riesgoso que puede ser el
hecho de que el sistema de fotomultas sea operado por una empresa particular
con fuertes incentivos económicos para imponer multas a diestra y siniestra.
De hecho, en la sentencia está citado el dato que le permite
a la empresa “Autotraffic” (habría que investigar la forma en que está
integrada, la experiencia que tiene sobre el tema y su antigüedad, no vaya a
tratarse de una empresa “fantasma” que sirve de tapadera para actos de
corrupción), quedarse con el 46% del monto efectivamente cobrado por cada multa
que se impone.
Cuando uno se fija en dicha cantidad no puede dejar de pensar
en lo mal que fue negociado dicho contrato por parte de la autoridad. Es
evidente que le metieron un golazo o hubo intereses que permitieron que les
fijaran una cuota tan alta, la cual sin duda atenta gravemente contra el
interés de la sociedad. El porcentaje del 46% de cada multa cobrada que se
lleva la empresa es peligroso y debería ser revisado a la brevedad. De hecho,
el contrato debería ser anulado por afectar gravemente los intereses sociales y
las personas que lo firmaron deberían ser sancionadas, sino por corruptas sí al
menos por negligentes.
Lo cierto es que la sentencia del juez Silva nos pone sobre
aviso (una vez más) del carácter autoritario y violador de derechos humanos con
que se conducen las administraciones públicas en México. Da lo mismo si se
trata de gobiernos de derecha, de centro o de los que presumen que son de
izquierda (aunque en realidad no lo son, ni conocen el significado de la
palabra siquiera), sus pulsiones violadoras de derechos humanos siempre terminan
apareciendo.
La sentencia del juez Silva aclara que el alcance del fallo
no permite a nadie violar el Reglamento de Tránsito o manejar a exceso de
velocidad. Ni tampoco es un obstáculo para que las autoridades apliquen el
Reglamento de Tránsito. Se trata de una poderosa llamada de atención para que
los ciudadanos seamos tratados con respeto y para que la salvaje privatización
de servicios públicos que se observa a lo largo y ancho del país se haga de
manera que no afecte nuestra seguridad jurídica.
Todos estamos interesados en que nuestras calles sean seguras
y en que quienes conducen lo hagan prudentemente, pero nadie quiere que el
dinero de las multas vaya a parar de manera tan descarada a manos de
particulares, ni tampoco que seamos sancionados sin darnos oportunidad de
defensa.
Gracias a jueces como Fernando Silva se puede acotar la arbitrariedad de nuestras autoridades, aunque sea un poco. Habrá que seguir insistiendo a través de la promoción de juicios de amparo para que dejen de hostigarnos día tras día. Los ciudadanos merecemos respeto y un valiente juzgador federal se los acaba de recordar a las autoridades. Enhorabuena.