5 sugerencias para reducir la corrupción
Transparencia Internacional presentó los resultados de la encuesta “Las
personas y la corrupción” como parte de la serie Barómetro Global de la
Corrupción, en donde se mide la percepción y prácticas de corrupción en 20
países de América Latina y El Caribe. La encuesta se aplicó a más de 22 mil personas de la región y los resultados fueron alarmantes (Leer y descargar los resultados completos). Al final del documento se hace una serie de recomendaciones para reducir este fenómeno que vale la pena analizar y aplicar:
1.
Tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos.
Los gobiernos deben asegurar que las tarifas oficiales de los servicios públicos se exhiban públicamente de manera clara. Los gobiernos deben optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios. Los gobiernos deben invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan solicitar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos. Los gobiernos deben asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios públicos y su nivel de satisfacción como usuarios.
Los gobiernos deben asegurar que las tarifas oficiales de los servicios públicos se exhiban públicamente de manera clara. Los gobiernos deben optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios. Los gobiernos deben invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan solicitar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos. Los gobiernos deben asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios públicos y su nivel de satisfacción como usuarios.
2.
Preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción.
Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la credibilidad de estos esfuerzos. Los gobiernos deben crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción, incluida su libertad operativa y física, tanto de iure como de facto. Los gobiernos deben permitir la participación cívica en el monitoreo y la denuncia de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la información.
Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la credibilidad de estos esfuerzos. Los gobiernos deben crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción, incluida su libertad operativa y física, tanto de iure como de facto. Los gobiernos deben permitir la participación cívica en el monitoreo y la denuncia de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la información.
3.
Fortalecer las instituciones que imparten justicia.
Los gobiernos deben invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de causas. Los gobiernos deben fortalecer las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción. Los gobiernos deben evaluar la posibilidad de difundir las decisiones judiciales a través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias. Los gobiernos deben eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción.
Los gobiernos deben invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de causas. Los gobiernos deben fortalecer las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción. Los gobiernos deben evaluar la posibilidad de difundir las decisiones judiciales a través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias. Los gobiernos deben eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción.
4.
Sanear la institución policial.
Los gobiernos deben fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializadas, afianzar las medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión en toda la institución.
Los gobiernos deben fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializadas, afianzar las medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión en toda la institución.
5.
Proteger a los denunciantes.
Los gobiernos deben crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia. Las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los responsables deben estar sujetos a sanciones laborales/profesionales y civiles. La legislación que adopte el gobierno debe asegurarles a los denunciantes cuya vida o seguridad se encuentre en riesgo, así como a sus familiares, el derecho a recibir protección personal.
Los gobiernos deben crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia. Las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los responsables deben estar sujetos a sanciones laborales/profesionales y civiles. La legislación que adopte el gobierno debe asegurarles a los denunciantes cuya vida o seguridad se encuentre en riesgo, así como a sus familiares, el derecho a recibir protección personal.
Sobre el combate a la corrupción
