10 sugerencias para mejorar el acceso a la justicia
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos presentó el informe “La situación de los Derechos Humanos en México”, donde analiza la tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores de derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia en el país.
La situación en México es alarmante (ver datos completos). El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
En materia de acceso a la justicia, la Comisión hace 10 recomendaciones al Estado mexicano para el fortalecimiento de la protección de los Derechos Humanos:
1. Fortalecer a las
procuradurías en el país en materia de capacitación técnica e independencia,
con el fin de garantizar una debida investigación.
2. Establecer un
plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de
justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de
derechos humanos, con una visión integral, protocolos específicos, y la
adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la atracción de
investigaciones por la federación.
3. Adoptar medidas
de protección específicas para las víctimas, sus familiares, sus
representantes, testigos, peritos y defensores y defensoras que participen en
la investigación o búsqueda de justicia cuando estén en riesgo. Garantizar el
acceso a los expedientes a las y los familiares y representantes legales.
Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de
estas personas.
4. Adoptar medidas
de protección específicas para operadores de justicia de acuerdo a sus
necesidades particulares y en consulta con ellos.
5. Asegurar la
implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En consulta con
organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar
concretamente las barreras que limiten su efectiva implementación y
eliminarlas.
6. Asumir la
responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los
derechos humanos. Investigar, esclarecer y sancionar los hechos cometidos
durante la época de la llamada Guerra Sucia.
7. Fortalecer el
Mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y
periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y
dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades
federativas a colaborar con el mismo. Al Mecanismo, en tanto, se le recomienda
realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas
teniendo en cuenta género, líderes indígenas y defensores del medio ambiente,
realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar
la articulación y cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la
transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios.
Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y
de participación de la población objetivo.
8. Reformar el
Código de Justicia Militar para disponer que cuando un elemento de las fuerzas
armadas cometa actos que pudieran constituir una violación a los derechos
humanos, dichos actos sean juzgados por tribunales de jurisdicción civil,
independientemente de si la víctima es civil o militar.
9. Monitorear la
entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia penal así como la efectividad
de las capacitaciones. Incluir a defensores públicos en las capacitaciones.
10. Evaluar la
efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal así como las áreas
en las que se requerirá un acompañamiento más cercano, con capacitación
adecuada y recursos necesarios. Incluir capacitación permanente a operadores de
justicia y defensores públicos sobre control de convencionalidad.
El acceso a la justicia como Derecho Humano
Responsabilidades del Estado para garantizar el acceso a la justicia
