Una revolución jurídica.
Una revolución jurídica.
Miguel Carbonell.
@MiguelCarbonell
(Texto publicado en El Universal el 29 de agosto de 2017).
El próximo 1 de septiembre millones de mexicanos estarán
atentos al contenido del V Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto. Quienes nos dedicamos al mundo del derecho, sin embargo, tendremos un
punto adicional de máximo interés: ese día dará inicio el periodo de sesiones
del Congreso de la Unión que deberá acometer –antes de las previsibles
trifulcas electorales del próximo año- tres de las transformaciones jurídicas
más importantes de las últimas décadas.
Antes del mes de febrero de 2018 deberá estar funcionando el
nuevo modelo de justicia laboral, a partir del que van a desaparecer las Juntas
de Conciliación y Arbitraje, y en su lugar se van a crear verdaderos tribunales
laborales. Además, se creará un sistema de mediación en materia laboral y se
harán ajustes para el registro y funcionamiento de los sindicatos. Se trata de
una de las reformas legislativas más importantes de las últimas décadas, si
consideramos los efectos que tendrá sobre la vida de millones de personas y por
el enorme impacto que puede generar (muy positivo, en mi criterio) sobre la
certeza para las inversiones y los derechos de los trabajadores.
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La iniciativa del futuro “Código Nacional de Procedimientos
Laborales” debe llegar a manos de cualquiera de las Cámaras del Congreso a la
brevedad, pues son muchos los aspectos a analizar y los detalles que hay que
cuidar. La Secretaría del Trabajo que encabeza Alfonso Navarrete Prida tiene
una gran responsabilidad para que el anteproyecto quede perfectamente bien
redactado y llegue a tiempo para ser discutido y difundido con toda antelación.
El Presidente Peña Nieto debería de enviar la iniciativa con carácter de
“iniciativa preferente”, para reconocer ante el Poder Legislativo de la Unión
la relevancia y urgencia del tema.
Por otro lado, nuestros legisladores federales tendrán la
posibilidad de aprobar una reforma constitucional que faculte al Congreso de la
Unión para emitir un código penal único para todo el país. Se trata de que lo
que se define como delito por la ley lo sea por igual en Baja California que en
Quintana Roo, en Jalisco que en Veracruz. Entiendo que está dentro de los
planes del Presidente Peña Nieto y del procurador Raúl Cervantes impulsar ese
proyecto, que ha sido un anhelo muy antiguo de distintas generaciones de
abogados en México (desde Raúl Carrancá y Trujillo en los años 40 del siglo
pasado, hasta grandes penalistas actuales como Ricardo Franco Guzmán o Rubén
Quintino).
No será una ruta fácil, pues hay temas de gran complejidad
como el del aborto. Las distintas visiones sobre el tema (desde la
despenalización parcial de la Ciudad de México, hasta las persecuciones
absurdas en estados como Guanajuato), convocarán a álgidas discusiones, pero no
debe ser algo que impida al enorme avance que puede representar el futuro
“Código Nacional Penal”.
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Finalmente, nuestros legisladores federales podrán hacer
realidad la unificación de códigos en materia de procedimiento familiar y civil.
Esta reforma impactará también en la vida de millones de mexicanos. Según datos
del INEGI, el 35% de todos los juicios que se celebran en México son en materia
familiar; y otro 30% son en materia civil. Estamos hablando por tanto de una
reforma que transformará la manera en que se desahogarán casi el 70% de los
litigios en México.
Miremos, a la luz de todo lo dicho, el alcance de las tres
reformas: si los legisladores aprovechan esta oportunidad histórica vamos a
estar frente a un enorme potencial de mejoramiento del catálogo de delitos y
penas aplicables a todo el país; contaremos con una moderna y funcional
justicia para patrones y trabajadores; y le daremos mayor seguridad jurídica a
personas que quieran divorciarse, que reciban una herencia, que quieran
reivindicar un terreno, que defiendan un contrato de arrendamiento o que exijan
su derecho a recibir una pensión de alimentos.
Si somos capaces de acometer con éxito esa transformación,
estaremos dándole al país el marco jurídico que merece y que es indispensable
para poder crecer en las próximas décadas. No significa que por tener nuevas
leyes vaya a cambiar, así nada más, la realidad. Pero las buenas leyes sin duda
ayudan a que hagamos las cosas bien, pues no son otra cosa más que las reglas
del juego a partir de las cuales podemos organizar la convivencia civil
pacífica. No es poca cosa.
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