10 formas de reducir la violencia contra las mujeres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe” en donde hace un diagnostico puntual de la grave situación de las mujeres en la región y hace un llamado a los Estados y a la sociedad en general a redoblar esfuerzos para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y reducir la desigualdad.

La radiografía que hace la CIDH es muy clara: las mujeres de la región continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica contra ellas.

En todos los países de las Américas hay altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia así como la subsistencia de serios obstáculos, les impiden tener un acceso oportuno y sin discriminación a la justicia y a una reparación y protección integral frente a estos actos. Al mismo tiempo, las mujeres también enfrentan barreras para obtener un debido acceso a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva; también impide que las mujeres tengan acceso a la igualdad de oportunidades de trabajo y condiciones de empleo, en particular, a igual remuneración que sus colegas varones por un trabajo idéntico, y a un lugar de trabajo libre de acoso sexual.

Ante este contexto, la Comisión hace una serie de recomendaciones para generar y reforzar mecanismos de prevención, de erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes:

1) Identificar activamente los grupos de mujeres, niñas y adolescentes en especiales condiciones de discriminación o riesgo con el fin de adoptar de legislación, políticas públicas, programas y mecanismos de protección judicial para prevenir, responder y remediar hechos de violencia desde un enfoque inter-seccional.

2) Crear espacios de participación plena y activa para representantes y organizaciones de grupos en especial situación de vulnerabilidad en la formulación y ejecución de iniciativas, programas y políticas en todos los niveles de gobierno.

3) Diferenciar, en cuanto sea posible y pertinente, los derechos humanos de las niñas y de las adolescentes, de los derechos humanos de las mujeres con el fin de reconocer que las niñas enfrentan desafíos específicos, diferentes a los que enfrentan las mujeres adultas.

4) Diseñar y/o fortalecer políticas de prevención de actos de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas, mediante un enfoque integral, que abarque los sectores de justicia, educación y salud, y que aborde las distintas manifestaciones de la violencia y los contextos en que ésta ocurre. Considerar que las políticas de prevención deben ser estructuradas de manera accesible a niñas, adolescentes y mujeres de distintas edades.

5) Adoptar medidas especiales y diferenciadas para proteger la vida y seguridad de las mujeres que desafían estereotipos asociados a su género en su labor o por sus actividades, como por ejemplo mujeres defensoras de los derechos humanos y mujeres lideresas, mujeres con compromisos políticos y mujeres periodistas, en vista del riesgo acentuado que enfrentan y reconociendo la importancia de la labor que realizan.

6) Diseñar, desarrollar e implementar iniciativas, programas y políticas educativos para las y los ciudadanos, incluyendo niños, desde una etapa formativa y temprana, sobre los roles y estereotipos de género discriminatorios con el objetivo de educar a la eliminación de patrones estereotipados de subordinación de las mujeres y de las niñas, de promover el respeto de las mujeres como iguales, de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación; y garantizar el respeto de los derechos de todas las personas.

7) Adoptar medidas para otorgar a las mujeres víctimas de actos de violencia y discriminación servicios legales accesibles y efectivos en forma gratuita para denunciar los actos de violencia y discriminación ante la justicia y hacer esfuerzos para universalizar el acceso a servicios judiciales, en particular en las zonas rurales y marginadas.

8) Incrementar el número de abogados de oficio disponibles para mujeres víctimas de violencia y discriminación. Crear servicios de traducción gratuitos, imparciales, culturalmente pertinentes y sensibles a la cosmovisión de las usuarias.

9) Fortalecer la capacidad institucional de instancias judiciales, como el Ministerio Público, la policía, las cortes y tribunales, y los servicios de medicina forense, en términos de recursos financieros, humanos y de capacitación, para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres, a través de investigaciones criminales efectivas y no revictimizadoras, que tengan un seguimiento judicial apropiado, garantizando así una adecuada sanción y reparación. Ello involucra la adquisición de los equipos técnicos necesarios para efectuar pruebas de tipo químico y forense, así como todas las pruebas que sean requeridas para esclarecer los hechos investigados.

10) Analizar formas emergentes de violencia y discriminación, como los discursos de odio, la violencia on-line, el acoso callejero, la violencia obstétrica u otras formas de violencia. Analizar su incidencia a nivel regional y local, proceder a su abordaje conceptual y, de ser necesario, adoptar respuestas acordes en materia de prevención, protección, sanción y reparación.

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