Contra los malos abogados.
Contra los malos abogados.
Miguel Carbonell.
Se acaba de presentar en el Senado de la República una
iniciativa para hacer efectivo el capítulo de “Delitos” previsto en la Ley de
Amparo. Particularmente, la iniciativa busca poner freno a la corrupción de los
abogados, que de forma contraria a la ética profesional, presentan documentos o
testigos falsos para obtener ventajas procesales indebidas.
La iniciativa propone que exista un procedimiento para
sancionar por vía administrativa a los abogados que incurran en prácticas
ilegales, cuyo desahogo sería competencia del Consejo de la Judicatura Federal.
Con independencia de los méritos específicos del texto de la
iniciativa, lo cierto es que se trata de una poderosa llamada de atención
respecto a una “verdad incómoda”, pero ampliamente conocida en el gremio de los
abogados. Me refiero a las prácticas tramposas que utilizan algunos colegas
para alargar juicios o para inclinar a su favor la vara de la justicia,
faltando a la verdad, vulnerando la ética profesional y (por si lo anterior
fuera poco), violando principios legales.
No podemos ignorar el hecho de que la corrupción no está
solamente del lado de los servidores públicos. Ellos la protagonizan, sin duda
alguna, pero también es cierto que hay despachos de abogados que han construido
su fama sobre la base de “comprar” los juicios en los que intervienen (o
incluso hay otros que, en el momento procesal oportuno, “dejan perder” un
asunto a cambio de jugosos pagos de la parte contraria a la que están
representando).
El problema no puede resolverse solamente mediante la
impartición de clases de ética profesional en la carrera de derecho (lo cual
tampoco sobraría, desde luego), sino mediante la aplicación de la ley y la
imposición de sanciones a quienes incurran en actos ilegales. Tener un esquema
de sanciones administrativas para abogados no es algo extraño en el derecho
comparado. Existe en muchísimos países democráticos, como Estados Unidos, España,
Italia, Alemania, etcétera. Si se llega a aprobar la propuesta, podríamos
superar los indignantes datos sobre la calidad de nuestra justicia penal y de
nuestro Estado de derecho que aparecen en todos los rankings disponibles
(muchos de esos datos están citados en la exposición de motivos de la propia
iniciativa).
De hecho, la iniciativa busca hacer efectivo algo que la Ley
de Amparo ya prevé, puesto que en su artículo 261 establece sanciones para los
abogados que puedan alcanzar hasta los 6 años de cárcel. Pero dichas sanciones
han quedado en letra muerta, porque la investigación corresponde hacerla a las
fiscalías y procuradurías, las cuales están excesivamente saturadas de trabajo
y agobiadas por casos de enorme gravedad en toda la República.
Por eso es que tiene sentido que pueda ser el Consejo de la
Judicatura Federal el que se encargue de aplicar el esquema de sanciones que
prevé la iniciativa, las cuales ahora podrán ser graduadas en función de la
gravedad de la conducta, pudiendo implicar sanciones leves como puede ser una
amonestación verbal o por escrito, hasta sanciones más graves como la
suspensión temporal del ejercicio profesional desde uno hasta 24 meses o la
cancelación definitiva de la cédula profesional para que ese abogado ya no
pueda volver a trabajar. Además, las sanciones deben darse a conocer por todos
los medios posibles, como una forma de proteger a los usuarios de servicios
jurídicos que de manera inadvertida pueden caer en manos de abogados sin
escrúpulos. Los ejemplos de abogados abusivos con sus clientes son abundantes y
de sobra conocidos.
Además, se trata de algo en lo que ha venido insistiendo el
Ministro Arturo Zaldívar desde su llegada a la Presidencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación: no habrá tolerancia para la corrupción y la impunidad
será combatida con la ley en la mano. Tiene mucha razón, pero para hacer de
verdad justicia, se tendrá que sancionar también a los abogados y no solamente
al personal del Poder Judicial. Tiene que ser pareja la lucha contra la corrupción,
para que se asignen responsabilidades a todos los involucrados.
Ojalá se presente una gran discusión sobre la iniciativa que comentamos
y que ya fue presentada formalmente por el Senador Ricardo Monreal. El tema es
de una gran importancia para el gremio jurídico y debe suscitar un debate
amplio, libre e informado. Ojalá así sea.