Discurso de Eduardo Ferrer MacGregor al recibir el Premio Nacional de Jurisprudencia 2018.
PREMIO
NACIONAL DE JURISPRUDENCIA 2018
Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Presidente de la
Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Lamentablemente el mundo ha retrocedido en aspectos
fundamentales. Los conflictos se han agudizado y han surgido nuevos peligros. Las
preocupaciones se centran en torno a las armas nucleares que han alcanzo el
nivel más alto desde la Guerra Fría. El cambio climático avanza muy rápido y la
respuesta por parte de los países para detenerlo o enfrentarlo no llega a
tiempo. Las desigualdades crecen. Vemos horribles violaciones a los derechos
humanos y el nacionalismo y la xenofobia van en aumento.
Con estas palabras pronunciadas por el Secretario
General de Naciones Unidas, recibimos el inicio de 2018 que ahora está por
terminar. A través de este corto pero contundente mensaje, Antonio Guterres
lanzaba “una señal de alerta: una alerta roja para nuestro mundo”.
Estos desafíos a nivel mundial no son ajenos a nuestro
continente ni a nuestra región. América Latina muestra una profunda inequidad
social y se perpetúa como la región más desigual del mundo. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe plantea en sus últimos informes una
situación desoladora: 187 millones de personas viven en condiciones de pobreza
y 62 millones en pobreza extrema. Se observa con preocupación el incremento de distintas formas de discriminación y
violencia contra la diversidad y la otredad. La violencia estructural contra la
mujer se evidencia día a día: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia
física y/o sexual a lo largo de su curso de vida. La inseguridad y el crimen
organizado que muestra su violencia en las calles, desafían como nunca antes a
nuestras instituciones y democracias. La migración presenta desafíos inusitados
para los derechos humanos. La corrupción y la impunidad permean nuestras sociedades.
Estamos siendo testigos, además, de las severas afectacions al medio ambiente. Estas
problemáticas tampoco son ajenas a nuestro país.
Ante este escenario adverso de importantes desafíos
para los derechos humanos, ¿qué
responsabilidad social tienen los colegios y barras de abogados? ¿cuál es el
rol de los poderes judiciales, de las juezas y de los jueces mexicanos? ¿qué
función tienen las Universidades? ¿qué posición deben adoptar las
organizaciones y personas defensoras de derechos humanos? ¿cómo deben
reaccionar los medios de comunicación social y, en general, la sociedad en su
conjunto?
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Qué paradoja. Recibo el Premio Nacional de
Jurisprudencia en un año de desafíos inonmensurables para los derechos humanos,
a la vez que 2018 constituye un año emblemático para la historia de la
humanidad y de nuestro continente.
Por una parte, conmemoramos los 70 años de las
Declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos, que ha pretendido
centrar el orden mundial en la persona y su dignidad después de la segunda
posguerra. El desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos
humanos ha generado una interacción constante con el derecho nacional, lo que
ha motivado nuevas fuentes del derecho. Hoy el derecho internacional ha entrado
al torrente sanguineo de las Constituciones latinoamericanas, como sucedió en
nuestro país con la reforma constitucional de junio de 2011. La interpretación
conforme a los tratados internacionales y el principio pro persona se convierten en los ejes articuladores. Se trata de
una nueva cultura constitucional en
la que el poder público tiene límites infranqueables cuando está de por medio
el respeto a los derechos humanos.
También este 2018 conmemoramos los 40 años de la
entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, vigente en
nuestro país desde 1981. El “Pacto de San José de Costa Rica” constituye un
hito en nuestro continente, al representar un instrumento jurídico vinculante
que además de consagrar de manera expresa aquellos derechos que tenemos por el
solo hecho de ser personas, se ha convertido en un haz de luz con efectividad
propia y ha consolidado un régimen jurídico e institucional por encima de las
fronteras estatales. Precisamente el Pacto de San José es el tratado que crea a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está cumpliendo también 40
años de existencia.
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En lo personal resulta especialmente significativo
recibir el Premio Nacional en 2018, año que asumí la presidencia de la Corte
Interamericana y fui reelecto para un nuevo mandato de seis años. No puede
haber mayor satisfacción para un académico y para un juez, que recibir una
distinción por el gremio de abogados.
Recibo este reconocimiento con humildad, compromiso y
esperanza. Con humildad, porque estoy consciente que existen juristas con
mayores méritos y trayectorias profesionales que quien hoy lo recibe, muchos de
ellos aquí presentes.
Es por ello que acepto esta distinción a nombre de la
institución que represento, a nombre de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Lo recibo a unos días de cumplirse el vigésimo aniversario de que
México aceptara la jurisdicción contenciosa de la Corte, el 16 de diciembre de 1998. Lo recibo a nombre de esta
institución, que ha coadyuvado al fortalecimiento del Estado de derecho y las democracias de nuestra región, en la que han
dejado su estela juristas mexicanos ejemplares que me han precedido, como los
doctores Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez, que fueron presidentes de
dicho Tribunal internacional y también galardonados con el Premio Nacional de
Jurisprudencia.
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En sus cuatro décadas de existencia, la Corte Interamericana ha
escuchado a las víctimas de las más
graves violaciones a los derechos humanos. Por su sala de audiencias han pasado
cientos de víctimas y en ella confluyen miles de historias de vida que
representan lo más bajo de la clueldad humana, pero que también han dibujado la
historia de nuestro Continente con su búsqueda de memoria, verdad, justicia y
reparación. Protegiendo
a las víctimas, el Tribunal Interamericano ha ido nutriendo de contenido a las
obligaciones estatales a través del efecto
útil de la Convención Americana, renovando el rostro a los derechos y
libertades consagrados en las constituciones nacionales.
Ante los desafíos que hoy tenemos, creo necesario resaltar
las que considero las cinco grandes líneas
jurisprudenciales de la Corte
Interamericana, que a mi juicio han contribuido al fortalecimiento de las
democracias constitucionales de la región.
En primer lugar,
resulta paradigmática la jurisprudencia interamericana en casos de graves violaciones a derechos humanos, especialmente
en temáticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales,
masacres, tortura, pena de muerte e inconvencionalidad de leyes de amnistía.
Precisamente en este 2018 se cumplen treinta años de la primera sentencia de
fondo, relativa al caso Velásquez
Rodríguez Vs. Honduras, en la que se establecieron los primeros estándares
sobre desapariciones forzadas de personas. El Tribunal interamericano fue
pionero en la meteria, destacando la centralidad de las víctimas y sus
derechos, así como advertir el grave daño que provoca la impunidad en la
sociedad y el Estado de derecho.
En segundo lugar,
resulta relevante la jurisprudencia de la Corte respecto a los derechos humanos de personas y grupos en
situación o condición de vulnerabilidad. El Tribunal
ha sido enfático en señalar que toda persona que se encuentre en una situación
de vulnerabilidad es titular de una protección especial por parte del Estado. De esta manera, la Corte Interamericana ha
visibilizado a los más vulnerables, protegiendo sus derechos y estableciendo
estándares garantistas para niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de
violencia de género, personas mayores, pueblos indígenas y tribales, personas
con discapacidad, personas en situación de esclavitud contemporánea, afrodescendientes,
personas LGBTI, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo,
privados de libertad, desplazados forzados, defensoras y defensores de derechos
humanos, periodistas y personas en situación de pobreza.
En tercer lugar,
la jurisprudencia de la Corte Interamericana también se ha dirigido a temáticas consubstanciales a la democracia y
al Estado de derecho, como son las relativas a la independencia judicial
(en su dimensión institucional o individual), la libertad de pensamiento y
expresión, los derechos políticos, la participación ciudadana en asuntos
públicos, la transparencia y el acceso a la información, los límites a la
jurisdicción militar, el uso proporcional de la fuerza pública, así como en
general derechos atinentes al debido proceso, la protección judicial, el
combate a la corrupción y la erradicación de la impunidad, que conjuntamente
conforman el acceso a la justicia de las víctimas, esencial en cualquir
sistema democrático.
En cuarto lugar
destaco la línea jurisprudencial sobre el concepto de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos
humanos. Las medidas de reparación ordenadas por la Corte, no se limitan a indemnizaciones pecuniarias, sino que se
dirigen a atender de manera integral las necesidades de las víctimas, mediante
la restitución del derecho, en casos
en que ello sea posible; la rehabilitación
para resarcir daños a la integridad física o psicológica de las víctimas; la satisfacción, como pueden ser un acto
público de reconocimiento de responsabilidad internacional, determinar el
paradero de víctimas de desaparición forzada o identificar y entregar sus
restos mortales. Mención especial constituyen las medidas de no repetición, que permiten
cambiar la legislación, práctica o situación estructural que dio origen
a la violación de los derechos humanos, entre las que se incluyen
capacitaciones en derechos humanos a funcionarios públicos, como por ejemplo, a
juzgadores o a miembros de las fuerzas armadas.
En quinto lugar, la
Corte recientemente inició una línea jurisprudencial sobre la justiciabilidad
directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA),
que tradicionalmente se protegían mediante la conexidad con los derechos
civiles y políticos. A partir de ahora el Tribunal de derechos humanos del
continente, puede conocer de demandas que involucren directamente derechos
sociales, como los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud o al
medio ambiente sano, entre otros. Incluso, a partir de esta nueva
interpretación, la Corte tiene competencia para analizar la posible
responsabilidad estatal por violación al principio de progresividad y no
regresividad en la vigencia de estos derechos. Lo anterior abre una vertiente
de amplios horizontes, particularmente sensible en nuestra región, donde los
derechos sociales representan una promesa constitucional incumplida.
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Por supuesto que la jurisprudencia interamericana no se agota en estos grandes temas. He
tratado simplemente de sistematizar y reafirmar las materias sensibles en las
que la Corte Interamericana ha ido creando estándares regionales robustos para
la protección y efectividad de los derechos humanos, que también aplican para nuestro
país. Esta jurisprudencia interamericana se ha convertido en un patrimonio jurídico del continente, en
un derecho común latinoamericano en
materia de derechos humanos, que trasciende las fronteras estatales, más allá de
ideologías y de gobiernos de izquierda o de derecha.
Al recibir este Premio Nacional, he querido resaltar
la importancia de la jurisprudencia
interamericana para hacer un respuetuoso llamado a las abogadas y abogados
del país a que no sean meramente observadores sino actores comprometidos con el
cambio social. Los invito a que hagan suya la jurisprudencia interamericana, a
que la utilicen de manera cotidiana. Son ustedes los primeros en invocar el corpus iuris interamericano. Son los
primeros intérpretes de la Convención Americana y en argumentar a favor de la
vigencia plena de los derechos, en tutelar que se cumpla con el control de convencionalidad por todas
las autoridades en el ámbito de su competencia. Son ustedes protagonistas, verdaderos
defensores de los derechos humanos y de nuestra democracia sustativa.
Estoy convencido de que también la jurisprudencia interamericana puede
arrojar luz a los importantes desafíos que hoy ocupan la agenda nacional: justicia transicional, amnistía y perdón, comisión
de la verdad, reparación integral a víctimas, seguridad pública y fuerzas
armadas, desaparición forzada de personas, feminicidios, políticas migratorias,
pobreza estructural, grupos vulnerables, combate a la corrupción y a la
impunidad, consulta a pueblos y comunidades indígenas, desarrollo sostenible y medio
ambiente, libertad de expresión, independencia judicial, entre otros.
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Señoras y señores, decía al inicio que recibía esta
distinción también con esperanza. En
el libro más reciente de Kathryn Sikkink, Evidence
for hope, la destacada politóloga y científica social de la Universidad de
Harvard nos da buenas razones y evidencias del por qué seguir creyendo en el
movimiento de los derechos humanos, ante el escepticismo y los retrocesos que
se advierten a nivel global. Compartimos esta visión, especialmente en los
momentos de incertidumbre y desafíos en que vivimos.
Debemos aquilatar lo logrado, sin desconocer que
todavía queda mucho camino por recorrer. Nuestro compromiso implica seguir
trabajando centrados en la persona y su dignidad. Nuestra responsabilidad está
en cuidar y seguir fortaleciendo aquellas instituciones y organizaciones que a
nivel nacional e internacional contribuyen a la vigencia de los derechos
humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Ante las señales de alerta por los signos de
deshumanización que nos advertía el Secretario General de las Naciones Unidas,
a comienzos de este tumultuoso 2018, hago mías sus palabras de aliento:
“Debemos resolver los conflictos, superar el odio y defender los valores
compartidos. Pero solo podemos lograrlo si lo hacemos juntos…Reduzcamos las
diferencias. Superemos las divisiones. Restablezcamos la confianza uniendo a
las personas en torno a objetivos comunes. La unidad es el camino. Nuestro
futuro depende de ello”.
A unos días de conmemorar los 70 años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, reafirmo mi convicción inquebrantable con el
respeto y vigencia de los derechos humanos, como elemento consubstancial para
las democracias constitucionales de nuestros días. Cuenten con la Corte
Interamericana para seguir construyendo el
rostro humano de la justicia. Contamos también con ustedes.
No podría terminar sin agradecer a mi cómplice y
compañera de viaje. Gracias Aída por compartir nuestras luchas y por el apoyo
incondicional. Juntos albergamos la esperanza de lograr que el mundo que
hereden nuestros hijos y las generaciones futuras, esté definido por valores
como la paz, la justicia, el respeto, la igualdad, la tolerancia y la
solidaridad.
Con esa confianza y esperanza en el futuro, deseo lo
mejor para nuestro México, para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas
gracias.
