Choque de poderes.
Choque de poderes.
Miguel Carbonell.
@MiguelCarbonell
Las
espadas están en alto. Dos columnas vertebrales de la arquitectura
constitucional mexicana están a punto de protagonizar lo que será sin duda una
batalla que marcará el sexenio recién inaugurado y que pondrá en claro si puede
más la fuerza del poder o el poder del derecho.
El
enfrentamiento se está librando por un lado entre el gobierno de AMLO, apoyado
por su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, y por otra parte por el
Poder Judicial de la Federación, un aparato orgánico de 44 mil trabajadores,
que resuelve más de un millón de juicios anualmente y tiene un presupuesto
superior a los 75 mil millones de pesos.
La
mecha que prendió el pleito fue la aprobación de la Ley Federal de
Remuneraciones, mediante la cual se hace realidad una reforma constitucional
del año 2009 conforme a la que ningún servidor público puede tener ingresos
superiores a los del Presidente de la República. Junto a la Ley de
Remuneraciones fue aprobada también por los legisladores una reforma al Código
Penal Federal para establecer sanciones de cárcel para los funcionarios
públicos que no respeten ese tope salarial y tengan ingresos por arriba de lo
que se prevea para el Presidente de la República.
El
problema es que el Presidente López Obrador ya dijo que va a ganar 108 mil
pesos al mes y es seguro que los legisladores de su partido acatarán ese deseo
al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En la
práctica eso supondría una disminución tajante de los sueldos de los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo ingreso mensual total neto
en el 2018 es de 388,290 pesos), del personal que les ayuda en la Corte (un
Secretario de Estudio y Cuenta puede ganar 217,104 pesos mensuales netos), de
Magistrados de Circuito (con ingresos de 248,186 pesos mensuales netos), jueces
de Distrito (224,838 pesos mensajes netos) y buena parte del resto de la
estructura del Poder Judicial Federal, incluyendo a los poderosos consejeros de
la judicatura federal y a los integrantes del Tribunal Electoral.
Esa
disminución de sueldos se ha estimado contraria a la independencia judicial y a
las garantías que debe tener todo juzgador para ejercer debidamente su cargo.
Así lo han considerado las barras de abogados en México, organizaciones
internacionales de abogados e incluso la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, que promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de
Remuneraciones.
También
han impugnado la Ley más de 4 mil servidores públicos del Poder Judicial
(incluyendo a la mayor parte de sus magistrados federales) a través de
centenares de juicios de amparo que ya han sido formalmente planteados y que
seguramente serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Habrá
que estar atentos a las decisiones que se vayan tomando. Lo que sí queda claro
es que los juzgadores federales (desde los Ministros hasta los funcionarios de
menor rango) tienen derecho a defender sus ingresos y que una rasurada tan
drástica de sus percepciones sin duda alguna afecta las condiciones de trabajo
con las que ingresaron a la carrera judicial. Además, en términos parecidos se
les aplicará a los demás jueces del país en cada una de las 32 entidades
federativas, que muy pronto verán disminuidos sus ingresos.
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Pero
también es cierto que deben cortarse los gastos excesivos que se han asignado a
ciertos funcionarios judiciales. Por ejemplo, cada uno de los Ministros de la
Corte recibirá este año un “bono por riesgo de seguridad” superior a los 800
mil pesos, cuando lo cierto es que tienen a su disposición camionetas
blindadas, guardaespaldas y demás elementos de protección. Ese tipo de
dispendios (igual que los boletos en primera clase en todo tipo de vuelos, los
vinos importados en el comedor de la Corte, los varios vehículos a su
disposición y un largo etcétera) debe ser cortado de tajo y sin demora.
Desde
mi punto de vista, hay muy buenos profesionales en el Poder Judicial de la
Federación. Muchos de ellos trabajan largas horas, con gran sacrificio personal
y familiar. Desde luego que hay que pagarles bien si queremos que sigan
haciendo su trabajo. Eso nadie lo debe poner en tela de juicio. La carrera
judicial debe seguir siendo atractiva para los mejores abogados del país y las
condiciones laborales para su ejercicio se deben respetar.
Pero
no olvidemos que, en el fondo, se trata de una batalla por el poder político.
¿Ganarán nuestros jueces federales o se impondrá la austeridad republicana que
defiende el Presidente López Obrador? Muy pronto lo sabremos.
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