La culpa no la tiene el forense
La culpa no la tiene el forense.
Miguel Carbonell.
La aparición de centenares de cadáveres en dos trailers en
Jalisco ha generado una sensación de escándalo y desasosiego tremenda. Muchos
analistas han comentado la atrocidad que supone, la falta de atención que le
estamos poniendo al terrible incremento de los homicidios y la expedita
decisión del gobernador del Estado al cesar al director del Instituto de
Ciencias Forenses, encargado del resguardo de los cadáveres.
No hay mucho más que agregar a esas crónicas de un episodio
que representa un nuevo capítulo de la oscura historia reciente del país,
regada de sangre, de muerte y de tragedias sin par.
Pero quisiera llamar la atención sobre un dos cuestiones
que, hasta donde llega mi información, no han merecido ningún comentario por
parte de los medios de comunicación. La primera es lo extraño que resulta
responsabilizar del drama de los cadáveres a quien tenía solamente la
responsabilidad de cuidarlos. Es decir, ¿qué ganamos con destituir al director
de un organismo cuya morgue no tenía capacidad para tantos cadáveres? ¿acaso el
director del Instituto de Ciencias Forenses fue quien los privó de la vida? ¿No
estamos equivocándonos al despedir solamente a un funcionario, en vez de
profundizar sobre las causas del dramático incremento de homicidios en Jalisco
(y en Guanajuato, y en la Ciudad de México, y en Tamaulipas, y en Veracruz, y
un largo etcétera)?
La otra cuestión llamativa es que a nadie parece haberle
sorprendido el hecho de que un gobernador pueda despedir con toda libertad (y
de manera quizá arbitraria) al titular de los servicios forenses de su Estado.
Ahí tenemos un problema, puesto que si los peritos encargados de hacer
valoraciones científicas de un delito son empleados del gobernador en turno, entonces
sus dictámenes pueden no gozar de la imparcialidad y autonomía necesarias para
una correcta investigación de los hechos.
En México, al contrario de lo que hicieron en Jalisco,
necesitamos apoyar a los forenses para que hagan bien su trabajo, dándoles medios
materiales y logísticos para lograrlo. No ganamos nada al despedirlos, si es
que antes no les dimos el apoyo indispensable para poder cumplir con sus
responsabilidades.
El que merecía ser despedido no era el señor forense, sino
más bien el señor gobernador, para decirlo de manera clara y sin rodeos.
Lo que las noticias de Jalisco y las todavía peores sobre
las fosas clandestinas en Veracruz ponen de manifiesto es la emergencia
humanitaria que estamos viviendo en México. El gobierno de Enrique Peña Nieto
había prometido reducir drásticamente los homicidios: fue una mentira más, de
las muchas que se dijeron en este sexenio. No solamente no bajaron las muertes,
sino que subieron de forma abrupta (sobre todo durante el año pasado y lo que
llevamos de 2018).
El año pasado en Jalisco se registraron 1,369 homicidios (de los cuales, más de 900 fueron con armas de fuego). De enero a agosto de 2018 ya se había alcanzado la cifra de 1,215. Todo indica que vamos empeorando y que no hemos hecho nada para mejorar. La capacidad del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco permite almacenar solamente 80 cadáveres. ¿Qué se puede hacer, como director del Instituto, si no paran de llegar cadáveres? En el SEMEFO de Acapulco están igual o peor: con una capacidad de almacenamiento de 270 cadáveres, se encuentran pendientes de identificación más de 750 cuerpos (algunos llevan ahí desde el año 2011). Y la misma historia se repite en muchos punto de la geografía nacional.
El territorio de México se ha convertido en un enorme
panteón. Salvo la llamativa excepción de Estados como Yucatán y Campeche, en el
resto del país abundan las historias de violencia.
Es tal el grado de descomposición social al que hemos
llegado, que hay personas dispuestas a matar a un ser humano por una rivalidad
deportiva, como lo acabamos de ver en Monterrey. Ni un acontecimiento deportivo
es seguro en México.
No cabe duda que algo hemos hecho mal y que hay que cambiar de rumbo.
Ojalá el nuevo gobierno traiga ideas frescas y entre todos ayudemos a ponerlas
en marcha. Quienes han estado al frente de las instituciones hasta ahora
(incluyendo, desde luego, a los gobiernos estatales y municipales) han
demostrado cabalmente ser una pandilla de fracasados, carentes por completo de
ideas efectivas para combatir la inseguridad. Necesitamos un cambio, pero ese
cambio no se dará mientras la respuesta a la criminalidad consista en correr a
los forenses que solamente intentan hacer lo mejor posible su trabajo.
Aprendamos del ejemplo de Jalisco, para no seguirlo en ningún otro sitio.
