La rebelión de los abogados

La rebelión de los abogados.

Miguel Carbonell.


Hace unos días el Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, presentó una demanda de amparo en contra del Congreso de la Unión, por la omisión en la que están incurriendo los legisladores federales al no emitir las reformas en materia de procedimiento laboral.

No se trata de un acto generoso que los legisladores puedan o no puedan hacer. No es un reclamo hacia su bondad o magnanimidad. De lo que se trata es de un mandato constitucional que está siendo violado por la negligencia, el desdén y la obcecación de unos políticos que son una vergüenza pública para todo el país.

Fueron ellos mismos los que en febrero de 2017 reformaron la Constitución para que pudiera regularse un nuevo procedimiento de defensa de los derechos de los trabajadores y de los patrones, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje y creando en su lugar verdaderos tribunales laborales, adscritos al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. Fueron ellos los que se dieron el plazo de un año para emitir la legislación correspondiente. Y fueron ellos, en su absoluta flojera, los que incumplieron el mandato constitucional.

Siguiendo el importante precedente de la Suprema Corte en la omisión de regular lo relativo a la publicidad gubernamental, los abogados agremiados en la Barra Mexicana, bajo el liderazgo de su Presidente José Mario de la Garza, deciden rebelarse ante la inercia de nuestros políticos y acudir al juicio de amparo para ponerlos en evidencia.

El paso que han dado los barristas es de gran trascendencia, puesto que manda varios mensajes positivos. El primero de ellos es que la Constitución debe ser acatada y si alguna autoridad la viola (por acción o por omisión) deben utilizarse los medios de defensa previstos en el propio ordenamiento constitucional. El segundo mensaje importante de los barristas es recordarnos que el poder judicial puede ser un contrapeso efectivo, en la dinámica de la división de poderes, para que los políticos no sigan viviendo en la absoluta impunidad en la que llevan décadas instalados, sin que nadie les diga nada.

Tradicionalmente las barras y colegios de abogados han servido de muy poco en México. Yo mismo he criticado que se la pasen organizando desayunos y convocando a torneos de golf. Con frecuencia han sido algo así como clubs sociales o simples membretes para conseguir prebendas políticas o económicas para sus dirigentes. Ya no.

Con la presentación de la demanda de amparo contra el poder legislativo federal, los abogados dieron un paso al frente de enorme calado.

Lo que hizo la Barra Mexicana merece nuestro aplauso, nuestro respaldo y el llamado a que los demás colegios de abogados (o incluso simplemente los despachos de abogados que consideren que se afecta su desempeño profesional por no haberse regulado la reforma laboral) hagan lo propio.

Además de la omisión en materia de procedimiento laboral, los legisladores tampoco atendieron el plazo para emitir un código único en materia de procedimiento civil y familiar. Dicha omisión afecta, literalmente, a millones de personas que deben tramitar asuntos relativos a su estado civil, a los alimentos de sus hijos, a sus bienes, propiedades, posesiones o arrendamientos civiles. Cada año ingresan en nuestro sistema judicial más de 700 mil asuntos familiares y más de 500 mil asuntos civiles; en cada uno de ellos hay, normalmente, dos o más personas involucradas. 

¿No les parece a nuestros legisladores que esas personas merecen un poquito de su atención y que se les debe proveer de la regulación jurídica que ordena la Constitución? ¿acaso se trata de ciudadanos de segunda categoría, cuyos derechos tienen menor consideración que las grillas y los intereses inconfesables de nuestra patética clase política?


Es indignante que, ante los enormes problemas que tiene el país, tengamos unos políticos de quinto nivel, que no hacen más que malgastar el dinero de nuestros impuestos y vivir a costa del trabajo de los demás. Ni siquiera son capaces de acatar los mandatos constitucionales, ya no digamos de aportar ideas y propuestas viables para que México pueda salir adelante. Merecen sin duda alguna el profundo desprecio que sentimos la mayor parte de nosotros hacia ellos y hacia su permanente negligencia. Ojalá que la demanda de amparo que acaba de presentar en su contra la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, los haga despertar -aunque sea por cinco minutos- de su letargo. Vamos a ver.

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