New York Times versus Sullivan.
New York Times versus Sullivan.
Miguel Carbonell.
Hay algunos
casos en la historia constitucional norteamericana que han tenido un impacto
interno muy relevante, y que también han contribuido al desarrollo de
importantes líneas de interpretación judicial en otros países. Casos como el Marbury vs. Madison, Brown
vs. Board of Education o Roe vs. Wade forman parte importante del
constitucionalismo contemporáneo. En esa misma situación se encuentra el caso New
York Times vs. Sullivan de 1964, que es quizá una de las sentencias más
citadas del siglo XX.
El caso se generó
porque L.B. Sullivan había demandado al periódico New York Times por publicar
una inserción pagada en la que cuatro clérigos afroamericanos del Estado de
Alabama criticaban la actuación de las autoridades respecto a algunas
manifestaciones en favor de los derechos civiles, varias de ellas encabezadas
por Martin Luther King Jr.
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casos prácticos. Iniciamos el 20 de enero. Mira.
El señor Sullivan se sentía aludido por la
inserción, ya que era el responsable del cuerpo de policía al que se criticaba,
y señalaba que varias de las afirmaciones que se hacían eran falsas, como en
efecto se demostró que lo eran en el curso del juicio. Sullivan obtuvo de los
tribunales de Alabama el derecho a una indemnización por daños en su
reputación, profesión, negocio u oficio, pero la Corte Suprema revocó esas sentencias
al declarar inconstitucional la ley en la que se basaban, ya que violaba las
enmiendas Primera y Decimocuarta y suponía una vulneración de la libertad de
expresión.
La sentencia de la
Corte fue dictada el 9 de marzo de 1964 bajo la ponencia del justice
William Brennan y con una votación de 9 a 0.
En la opinión de
Brennan, la protección que la Constitución ofrece a la libertad de expresión no
depende de la verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias
manifestadas. Es más, un cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado
de esa libertad, a partir de la cual el gobierno y los tribunales deben
permitir que se desarrolle un debate “desinhibido, robusto y abierto”, lo que
puede incluir expresiones cáusticas, vehementes y a veces ataques severos
desagradables hacia el gobierno y los funcionarios públicos.
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Los enunciados
erróneos son inevitables en un debate libre, y deben ser protegidos para dejar
a la libertad de expresión aire para que pueda respirar y sobrevivir. Las
normas deben impedir que un funcionario público pueda demandar a un medio de
comunicación o a un particular por daños causados por una difamación falsa
relativa a su comportamiento oficial, a menos que se pruebe con claridad
convincente que la expresión se hizo con malicia real, es decir, con
conocimiento de que era falsa o con indiferente desconsideración de si era o no
falsa.
En la jurisprudencia posterior, la Corte se
ha mostrado oscilante acerca de si la doctrina del caso Sullivan podía
extenderse a particulares, y concretamente a personajes públicos como actores,
atletas o personas que, sin ser funcionarios públicos, eran conocidos por la
opinión pública. Bajo ciertas circunstancias la Corte ha extendido a estos
sujetos la tesis de Sullivan (como por ejemplo en Curtis Publishing
vs. Butts de 1972 o en Associated Press vs. Walker de 1967), pero en
otras no (como en Gertz vs. Robert Welch Inc. de 1974). El criterio de
Sullivan fue retomado, en varias de sus partes, por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el caso Lingens de 1986.
