Cooper versus Aaron.
Cooper versus Aaron.
Miguel Carbonell.
Cooper versus Aaron es una especie de continuación del caso
más famoso de la Suprema Corte de los Estados Unidos durante el siglo XX: la
sentencia Brown versus Board of Education, a partir de la cual se ordenó la integración racial en las escuelas.
El caso Cooper se origina por el rechazo de algunas autoridades de Arkansas de
cumplir con la decisión judicial emitida en Brown. Varios jueces habían
dictado sentencias para ir implementando en la práctica el criterio integrador
de Brown.
En Arkansas algún juez apoyó un plan a diez años para ir
logrando de buena fe una integración racial en las escuelas. Parte de ese plan
pasaba por aceptar a nueve niños de color en una escuela superior de Little
Rock. La decisión del juez federal fue emitida el 3 de septiembre de 1957. Los
ánimos de los racistas se encendieron de inmediato, animados por el gobernador
de Arkansas Orval Faubus.
Un día antes del comienzo de clases el
gobernador salió en televisión diciendo que la “sangre correría por las calles”
si los nueve niños de color intentaban ir a la escuela. El gobernador había
ordenado a la Guardia Nacional que rodeara la escuela e impidiera el paso a los
niños. Ese día ocho niños se reunieron en casa de una dirigente de la NAACP
para ir juntos a la escuela. Otra niña, Elizabeth Eckford de quince años,
decidió ir ella sola. Al llegar a la escuela fue rechazada por militares que
portaban rifles con bayonetas. La multitud que se había reunido en torno a la escuela
identificó a Elizabeth y la persiguió para lincharla. Fue protegida por un
hombre blanco que también era miembro de la NAACP y logró escapar.
Las imágenes televisivas de Elizabeth a
punto de ser linchada por el simple hecho de querer ir dignamente a la escuela
tocó las fibras más profundas de millones de norteamericanos que nunca habían
visto con tanta claridad la cara más dura del racismo, ni podían entender que
alguien quisiera hacer daño a un niño. El Presidente Eisenhower decidió no
intervenir en el asunto en el primer momento, así que tuvo que ser un juez
federal el que le ordenara al gobernador Faubus que quitara a la Guardia
Nacional de la escuela.
La policía de Little Rock acompañó a los niños a la
escuela, pero de nuevo una multitud impidió su paso y estuvo a punto de
lincharlos. La posibilidad de ver a niños negros linchados por televisión movió
finalmente el ánimo de Eisenhower que ordenó a tropas de la armada custodiar la
escuela. Finalmente los niños pudieron asistir a clases; el primero de ellos
que obtuvo el grado, Ernest Green, tuvo una carrera profesional exitosa y acabó
trabajando como asesor en el gabinete de Jimmy Carter.
El asunto se complicó cuando un juez
federal atendió una petición de la directiva escolar de Arkansas para detener
por unos años la integración racial en las escuelas. El juez estuvo de acuerdo
con la petición, lo que tenía como consecuencia posponer sine die la
aplicación del criterio expresado en Brown. Los abogados de la NACCP se
movieron y el caso volvió de nuevo a Washington, para la consideración de la
Suprema Corte.
El caso fue planteado como Aaron versus Cooper, por
William Cooper, director del sistema educativo de Little Rock, y John Aaron,
que era el primero de la lista de los demandantes de color. Para algunos
autores, en realidad las partes en el juicio eran el gobernador Orval Faubus y
el Presidente de la Corte Earl Warren.
Los abogados de Little Rock sostuvieron
que el Gobernador tenía dudas acerca de la obligatoriedad de la sentencia Brown
en su Estado; dichas dudas, dijeron los abogados, pudieron crear legítimamente
alguna incerteza entre la población acerca de cuál era el derecho aplicable y,
en consecuencia, si la integración racial en las escuelas debía ser aplicada o
no. La cuestión técnica de fondo se refería a la siguiente pregunta: ¿qué
autoridad tenía competencia para pronunciar la última palabra en materia de
interpretación constitucional? La respuesta de los justices, encabezados
por Warren, fue contundente.
La Corte emitió su sentencia el 29 de
septiembre de 1958. Por primera vez en su historia la Corte hizo una sentencia
firmada por todos sus integrantes, como si los nueve hubieran sido el ponente.
Con esa decisión se quería subrayar el apoyo de la Corte a su Presidente y la
decisión de los jueces de llevar adelante la integración racial en las
escuelas.
Una frase de la sentencia deja claro quién tiene la última palabra en
materia constitucional dentro de Estados Unidos: “Ningún legislatura estatal, o
funcionario ejecutivo o judicial puede pelear contra la Constitución” (can
war against the Constitution). La interpretación de la enmienda 14
contenida en Brown era la “ley suprema de toda la tierra” (the
supreme law of the land).
¿Cuál es la importancia de Aaron versus
Cooper para la historia de los derechos fundamentales y para el lugar de
los jueces dentro de un sistema democrático? Es un caso interesante porque
demuestra y pone a prueba la idea de la historicidad de los derechos y el papel
que pueden tener los jueces para ir rompiendo estándares de discriminación que
de otro modo permanecerían intocados. Los derechos fundamentales se han
impuesto siempre como luchas en favor de la ley del más débil, en
palabras de Ferrajoli, contra la ley del más fuerte que rige en su
ausencia.
Esas luchas no han sido fáciles ni
gratuitas y así lo atestiguan las tensiones derivadas de Brown,
claramente reflejadas en Aaron. A fin de cuentas, ambos asuntos reflejan
que detrás de cada caso hay siempre una decisión de personas en favor (o en
contra) del Estado de derecho y del imperio de la ley.
Por otro lado, también
sirven para demostrar que el derecho puede ser utilizado para acelerar el
cambio social y que a través de los mecanismos jurídicos, si bien de forma
lenta y no siempre pacífica, se puede cambiar un poco a las sociedades de
nuestro tiempo.
La historia del caso y de los eventos
posteriores también sirve para demostrar que el garantismo es una teoría
minoritaria y que los derechos fundamentales no conforman criterios de
moralidad aceptados por la mayoría de la población. El gobernador Orval Faubus,
a pesar de sus actitudes abiertamente racistas y de sus continuos desafíos a
los jueces federales, fue electo para seguir en el cargo durante cuatro
periodos más por los electores de Arkansas.
Lo mismo sucedió con otro gobernador
racista, George Wallace, de Alabama. Wallace se opuso personalmente a la
entrada de dos estudiantes de color en la universidad del Estado en mayo de
1963. Los estudiantes pudieron franquear la entrada de la universidad gracias a
la presencia de medio millar de Guardias Nacionales enviados por el gobierno
federal. ¿Cuál fue la sanción que los electores impusieron a Wallace por sus
actitudes racistas? Ninguna: obtuvo medio millón de votos blancos en 1964,
cuando se presentó a las elecciones primarias del Partido Demócrata.
En 1968 se presentó como candidato
presidencial por el “Partido Independiente Americano” y a pesar de no ganar las
elecciones obtuvo casi diez millones de votos. Esto demuestra, por si hubiera
alguna duda, que los derechos fundamentales no pueden dejarse en manos de las
mayorías ni pueden estar sujetos a la lógica del voto popular.