Ser abogado
Ser abogado.
Miguel Carbonell.
Miguel Carbonell.
En una sociedad que lleva décadas soportando todo tipo de
abusos por parte de las autoridades y que al menos desde el 2007 ha visto un aumento
increíble de los niveles de violencia criminal, no es nada fácil ser abogado.
No lo era en el pasado; lo es todavía menos en la actualidad.
No lo es porque las instituciones del Estado de derecho son
a la vez frágiles e ineptas. No lo es porque una sociedad azotada por el
flagelo de la impunidad reclama muchas veces no justicia, sino venganza. No lo
es porque cuando uno habla de derechos humanos y del principio de legalidad a
muchos les suenan como palabras huecas, meras ocurrencias oportunistas que nada
tienen que ver con la dura realidad que los rodea.
Y sin embargo hoy más que nunca hay que recordar que el país
saldrá adelante cuando tengamos las bases suficientes para que la ley se
aplique por igual a todos, sin distinciones ni privilegios. Hoy más que nunca
es indispensable que existan voces que, contra la corriente a veces salvaje y
casi siempre apresurada de la opinión pública, nos recuerden que el debido
proceso legal es la columna vertebral de la civilización jurídica que se empezó
a construir en Roma, hace más de 2,500 años. Hoy más que nunca urgen personas
que analicen sin prisa, que exijan argumentaciones y que nos recuerden de qué
lado está la carga de la prueba (siempre de parte de quien acusa, cabe
recordar).
La tarea de quien es abogado resulta hoy indispensable y no
consiste en complacer el furor mediático, sino en buscar a toda costa y hasta
el límite de nuestras fuerzas, que la legalidad sea cabalmente aplicada. Para
ello es indispensable recordar verdades que parecen extraviadas en el vendaval
de nuestra opinión pública nacional. Enunciemos cinco, de entre las muchas que
valdría la pena traer a colación:
1) Los
juicios se ganan o se pierden ante los tribunales, no en los medios de
comunicación. La discusión mediática es una; la argumentación jurídica es otra.
No siempre se encuentran ni coinciden. Con frecuencia el debate en los medios
distorsiona las constancias procesales que existen en los expedientes
judiciales.
2) Nadie
es responsable de haber cometido un delito solamente porque así lo piense la
mayoría de los ciudadanos. La responsabilidad penal es determinada solo por un
juez, al dictar una sentencia que así lo establezca y luego de haber desahogado
un procedimiento en el que se respeten todas las formalidades establecidas por
la Constitución y por la ley.
¿Quieres ser un experto en juicios orales? Mira.
3) Toda
persona es presumida inocente y debe ser tratada como tal por autoridades y
ciudadanos. Se es inocente dentro y fuera de juicio, dentro y fuera de una sala
de audiencias, dentro y fuera (inclusive) de un reclusorio. El que una persona
se encuentre privada de su libertad de manera provisional, en lo que se sigue
su juicio, no prejuzga en modo alguno sobre su responsabilidad penal.
4) El
debido proceso legal no es un adorno que sirva para el aprovechamiento de los
abogados o para preservar la impunidad, como equivocadamente algunos lo afirman.
Por el contrario, se trata de un elemento indispensable para acercarse a la
verdad de lo ocurrido en un caso concreto. Sin debido proceso legal, no puede
haber verdad de ningún tipo dentro de un juicio.
5) A
partir de la carga de la prueba (que le corresponde a quien acusa, como ya se
dijo) y de la presunción de inocencia, la responsabilidad penal de una persona
se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable. Cuando exista una duda
de ese tipo el juez está obligado a dictar una sentencia absolutoria. No tiene
el juzgador ninguna otra opción: es una orden que le da la ley.
Ninguno de esos cinco principios generan ni son causa de la
enorme y dolorosa impunidad que vive el país. El origen de ese mal endémico de
México está en otro sitio. Por ejemplo en la incapacidad de las policías para
prevenir la comisión de más de 32 millones de delitos anuales, en ese
escandaloso 93% de delitos que no son ni siquiera denunciados, en la falta de
investigación científica del delito por parte de nuestras fiscalías. Si
queremos combatir la impunidad, empecemos acertando en el diagnóstico y no
caigamos en el camino peligroso de buscar atajos. No los hay. Que nadie se
equivoque.
Lo que deben leer los abogados
