La nueva justicia penal

Las ventajas de la nueva justicia penal.

Miguel Carbonell.

Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.

Luego de un largo plazo de 8 años, el 18 de junio de 2016 finalmente llegó el minuto cero, la hora inicial del nuevo sistema de justicia penal.

A partir del primer minuto de ese día todos los delitos que se cometan serán investigados y juzgados bajo las reglas de un sistema de justicia penal reformado a fondo, que intenta aportar mayor transparencia en su funcionamiento e incentivar con ello la confianza de los ciudadanos.

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En la reforma del procedimiento penal el Estado mexicano ha invertido (entre 2008 y 2016), más de 21 mil millones de pesos. Una buena parte de ese gasto se ha destinado a construir la infraestructura física indispensable para que funcione el nuevo sistema. Hasta mayo de 2016 se contaban 804 salas de oralidad en el país, así como 149 espacios físicos para las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) y 339 unidades de atención temprana dentro de las procuradurías o fiscalías.

Entre 2010 y 2016 se tuvo que capacitar a 271 mil funcionarios, que son los encargados de darle vida al sistema. La calidad de dicha capacitación no fue excelente en todos los casos, por lo que habrá que seguirle invirtiendo en formación de buenos recursos humanos en los próximos años.

El nuevo sistema de justicia penal se había venido implementando poco a poco en los años recientes. De hecho, entre 2009 y 2014 se celebraron 550,289 audiencias bajo las reglas del nuevo sistema y en el 100% de ellas estuvo presente el juez encargado del asunto, lo que marca una gran diferencia respecto del sistema anterior.

Las ventajas que trae consigo el nuevo sistema son muchas (libros sobre el nuevo sistema de justicia penal). Les comparto algunas:

1) Se fortalece el estatuto jurídico de las víctimas dentro del procedimiento penal, ya que se prevén más derechos para ellas y sobre todo porque se crea la figura del asesor jurídico de la víctima, de modo que siempre se cuente con asesoría jurídica victimal. El asesor podrá ser de carácter particular si la víctima puede pagarle a un abogado o de carácter público (pagado por el Estado) si no tiene recursos para ello.

2) El nuevo sistema aumenta la efectividad de las investigaciones, aunque de forma todavía no del todo satisfactoria. Mientras que en el anterior sistema se resolvían el 16% de las averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelven 22% de las carpetas de investigación iniciadas.

3) El nuevo sistema se concentra en los casos más relevantes, reenviando los casos menores para que se atiendan por medio del conjunto de salidas alternativas que están previstas en la ley. Así, mientras que en el viejo procedimiento penal la sanción promedio era de 420 días de prisión, en el nuevo sistema se aumenta hasta los 679 días en promedio.

4) Con el nuevo sistema se evita el abuso de la prisión preventiva.  Las nuevas reglas para imponer dicha medida cautelar han permitido que entre 2008 y 2016 unas 70 mil personas aproximadamente hayan evitado sufrir prisión durante su procedimiento penal. De hecho, el uso de la prisión preventiva como medida cautelar ha bajado en Nuevo León del 45% al 25% y en Morelos de 47% al 29% (mismo dato que se registra en Baja California).

Obviamente, en el México del pluralismo que vivimos, la puesta en marcha del sistema penal ha sido muy diferente en cada una de las entidades federativas. Un reciente estudio de CIDAC en el que se evalúa dicha implementación obtuvo datos según los cuales estados como Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León han hecho un buen trabajo de implementación, mientras que otras entidades federativas como Sonora, Baja California Sur o Guerrero han sido extremadamente deficientes en el arranque del sistema.

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Un gran apoyo para el nuevo sistema ha sido la unificación de leyes y códigos. En 2008 teníamos a nivel nacional 34 distintos códigos de procedimientos penales (uno en cada una de las 32 entidades federativas, uno federal y uno para la justicia militar). A eso había que sumarle la legislación en materia de justicia para adolescentes.

Dicha dispersión normativa complicaba la generación de estándares compartidos a nivel nacional, dificultaba la capacitación de los funcionarios y abogados, y daba lugar a una justicia de varias velocidades, según que los legisladores locales hubieran tenido o no el talento de redactar buenas leyes (talento que, como sabemos, es bastante escaso entre los legisladores mexicanos, que de lo que menos saben es de temas jurídicos).

Con el nuevo sistema tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley única de justicia para adolescentes, una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, una ley nacional de ejecución de sanciones penales y un código militar de procedimientos penales. Se ha simplificado de manera importante la estructura jurídica que rige el nuevo sistema, lo cual es algo bastante positivo.

Falta mucho por hacer y es seguro que en el nuevo sistema de justicia penal se han cometido y se cometerán muchos errores, pero la buena noticia es que el nuevo sistema ya llegó. Nunca los abogados mexicanos habían enfrentado un reto tan grande. Ojalá entre todos podamos hacerle frente y salir airosos, por el bien de México.

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