Y ahora, contra los derechos humanos.
Y ahora, contra los derechos humanos.
Miguel Carbonell.
@MiguelCarbonell
Al
Presidente López Obrador no solamente no le afecta generar polémica. Parece más
bien que se nutre de ella, que la busca, que le satisface desencadenar
reacciones contrarias, muchas veces como resultado de actitudes o palabras
completamente gratuitas, infundadas, sin ninguna racionalidad. Porque una cosa
queda clara: no se trata de un pensador sofisticado; daba la impresión que
sabía algo de historia, pero abundan los ejemplos que demuestran que ni eso
conoce, ni tampoco sabe explicar nada con base en el encadenamiento histórico
de los hechos que han marcado al país.
Es
por eso que no debe generar sorpresa el reciente exabrupto gubernamental, según
el cual una recomendación de la CNDH en torno al tema de las estancias
infantiles (se trata de la recomendación 29/2019, que se puede encontrar
fácilmente en internet) debe ser ignorada ya que, de acatarla, se estarían violando
precisamente los derechos humanos. De hecho, sus subordinados (nunca mejor
dicho) de la Secretaría del Bienestar afirmaron una sarta de tonterías para
dejar de cumplir con una recomendación amplia y bien documentada. Tildaron al
documento se la CNDH de “aberración inaceptable”, hicieron referencia (como ya
es costumbre) al periodo neoliberal como origen del problema, le endilgaron a
la Comisión que no hizo nada en el caso de la Guardería ABC (cuando lo cierto
es que fue el único órgano del Estado mexicano en dar una respuesta amplia y
completa en el tema, la cual por desgracia no tuvo la observancia requerida),
citó los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa para desacreditar al
organismos defensor de derechos humanos, etcétera.
Me
dio pena leer tan pobre respuesta, más propia de un partido de oposición
(incluso de un partido chafísima, de los cuales tenemos varios en México) que
de una entidad pública a la que financiamos todos los mexicanos con el dinero
de nuestros impuestos. Tal parece que algunos servidores públicos todavía no se
han dado cuenta que ya no forman parte de las ONGs, sino que ahora ocupan
oficinas públicas y deben actuar con sentido de Estado (aunque parece obvio que
no tienen la menor idea de lo que ello significa).
¿De
verdad quiere el gobierno, con tantos problemas que ya arrastra en apenas unos
meses de haber iniciado, abrir un frente nuevo en contra de la CNDH? No dudo
que hay motivos para criticar a los organismos defensores de derechos humanos,
que han tenido épocas con un desempeño impresentable, que resultan muy caros
según algunos analistas, que a nivel local son por lo general patéticos y nada
eficientes, pero esas críticas se tienen que hacer con responsabilidad, con
fundamento y con buenos argumentos. No con cantaletas propias de mítines
municipales de ínfimo nivel. Si el rechazo de la recomendación se hubiera dado
de manera puntual, respetuosa, con buenos argumentos jurídicos, muchos hubieran
estado de acuerdo. Pero con pataletas no se vale. Eso no es lo que esperamos del
gobierno de la República.
De
hecho, en el tema de las estancias infantiles fueron miles de ciudadanos los
que presentaron las quejas ante la CNDH. Y otros miles acudieron también ante
el Poder Judicial de la Federación, buscando el amparo de los jueces para
evitar la afectación de los derechos de los niños que acudían a las estancias
infantiles. Los juicios siguen su curso. Seguramente llegarán a la Suprema
Corte y veremos lo que establecen en definitiva los tribunales. Todavía faltan
varios episodios para ver el final de esta saga.
Ahora
bien, causa sorpresa que (más allá del carácter agrio, polémico y bravucón del
Presidente), un gobierno que se define de izquierda esté tomando un rumbo tan
alejado de la protección y tutela de los derechos humanos, incluso pese a los
nobles esfuerzos que desde la SEGOB realiza el subsecretario Alejandro Encinas
y su gran equipo de profesionales. La apuesta por la militarización efectiva de
la seguridad pública, la represión sin cuartel contra mujeres y niños
migrantes, la persistencia de la tortura policiaca, la afectación a las mujeres
trabajadoras cerrando las estancias infantiles, el desprecio hacia los
trabajadores del sector público a través de los despedidos masivos, los ataques
a la independencia judicial, las violaciones al debido proceso ventilando en
conferencias de prensa datos de investigaciones ministeriales en curso y un
largo etcétera, también se deben añadir a las sumas y las restas de la acción
gubernamental.
Y de
nada de eso, absolutamente de nada, pueden decir que la culpa incumbe a los
gobiernos anteriores (aunque todos ellos cometieron atrocidades bastante
parecidas o incluso peores). Ese cuento, de tan gastado, ya nadie se lo cree.
Háganse responsables, señores/as gobernantes. Asuman las consecuencias de sus
actos, empezando por todos aquellos que violan derechos humanos. La historia se
los recordará.