El deber de investigar las violaciones de derechos humanos.
El deber de investigar las violaciones de derechos humanos.
Miguel Carbonell.
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.
www.centrocarbonell.mx
El deber
de investigar las violaciones de derechos humanos, previsto en el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supone que el Estado mexicano
(en todos sus niveles de gobierno) tiene que crear una institucionalidad
suficiente para poder responder frente a un acto violatorio de derechos humanos,
lo que entre otras cuestiones incluye:
1) realizar las pesquisas que sean necesarias
para individualizar el acto en cuestión;
2) pormenorizar las circunstancias en que fue
cometido; e
3) individualizar a los responsables y
ponerlos a disposición de la autoridad competente para efecto de que sean
debidamente sancionados.
Lo
anterior se materializa por medio de la existencia de instancias
gubernamentales que estén listas para recibir denuncias y quejas, que estén
abiertas a toda hora (o bien que sus responsables puedan ser localizados a toda
hora, aunque la oficina en cuestión no permanezca abierta), y que estén
geográficamente al alcance de cualquier persona bajo ciertos parámetros de
razonabilidad.
Sobre el deber de investigar las violaciones de derechos humanos,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “El estado está,
por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado
los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado
actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea
posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha
incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas
sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los
particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los
derechos humanos reconocidos en la Convención” (Caso Velázquez Rodríguez, párrafo 176).
La Corte
Interamericana entiende que el deber de investigar supone “una obligación de
medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la
investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe
emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano
a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un
deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares,
que depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública
busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera que sea
el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los
particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad,
resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que
comprometería la responsabilidad internacional del Estado” (Caso Velázquez
Rodríguez, párrafo 177).
La falta
de una correcta investigación por parte de las autoridades mexicanas se puso
claramente en evidencia en el caso “González y otras (Campo Algodonero) contra
México”, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de
noviembre de 2009. En ese caso se ventiló la violación gravísima de los
derechos humanos de tres mujeres que habitaban en el Municipio de Ciudad Juárez
(Chihuahua), que derivó en su fallecimiento.
La Corte
Interamericana documentó puntualmente en la sentencia la falta de diligencia
por parte de las autoridades locales y federales encargadas de la investigación.
Se trató de una serie de negligencias que seguramente no sorprenden a nadie que
esté familiarizado con el sistema penal mexicano, pero que cuando se ven
agrupadas y narradas de forma sistemática por parte de un tribunal
internacional, no pueden dejar de generar una enorme zozobra. A partir de la
actuación negligente en grado extremo de las autoridades mexicanas, la Corte
ofrece como conclusión un párrafo que no tiene desperdicio, en el que se señala
lo siguiente:
Las irregularidades en el manejo de evidencias,
la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la
falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia
contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres
víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por
su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a
una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad
a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de
garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la
vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas… Esta
ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres
propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los
hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia
contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir… (párrafo
388).